El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a expresar su preocupación por la disminución de reservas de gas y petróleo, teniendo en cuenta el impacto negativo que genera para la sostenibilidad energética del país.
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“La política energética, en cuanto a seguridad se refiere, está llevando al país a niveles que no dudo en calificar como preocupantes y que en alguna medida pueden llegar a agravarse si no se toman medidas oportunas y correctivas con suficiente antelación”, aseguró el jefe del ente de control.
También se refirió a la necesidad de contar con una política energética integral y estratégica que garantice un sistema energético robusto, sostenible y capaz de adaptarse a los desafíos futuros.
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“El país disfruta hoy de una seguridad energética construida no de ahora, sino a través de décadas de inversión y desarrollo, además de la acumulación de experiencia frente a crisis pasada debido a que ésta no es la primera que se tiene. Contamos con abundancia de recursos potencialmente energéticos que han sido aprovechados históricamente de manera oportuna. No podemos permitir que estas ventajas vayan de manera gradual desapareciendo”, agregó.
Rodríguez mencionó que “si bien se ha dado importancia en los últimos años a la transición energética, esta por sí misma no garantiza la confiabilidad del suministro energético para los distintos sectores de la economía, por lo que debe ir a la par de una política encaminada en la seguridad energética”.
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Apuntó que la falta de una normatividad alrededor de dicha política implica que “se puede condicionar o supeditar a otras consideraciones, especialmente de tipo ambiental o social, lo que sin lugar a dudas resta eficiencia y eficacia”.
Enfatizó que “la Contraloría General de la República no se opone a los procesos de transición energética, pero esa transición energética a energías limpias debe realizarse sin colocar en riesgo la seguridad energética del país y de igual manera algunos aspectos que de manera puntual tocan desde el punto de vista económico”.
En los sectores de petróleo y gas indicó que los niveles de inversión y trabajos para lograr descubrimientos de nuevos yacimientos han venido decreciendo desde el año 2015: “Los menores niveles de reserva acercan al país a escenario de importación del total que se requiere para la demanda y que a juicio de la Contraloría en el caso del gas se calcula para el 2029 y para petróleo en el 2030”.
Puso de presente que en la actualidad se importa gas, pero es casi exclusivamente para la generación eléctrica en tiempo de baja hidrología: “Es un esquema que puede volverse en algún momento permanente y extenderse a otros sectores en la medida que se vayan agotando las reservas y estas no sean repuestas”.
Expuso que dicha tendencia va en contra de la transición energética, puesto que el gas es el llamado a sostener la matriz energética mientras entran las fuentes renovables no convencionales.
“Desde el año 2012, el volumen de reserva de gas en Colombia ha venido disminuyendo gradualmente, llegando en el último año a 2.373 giga pies cúbicos de gas natural, bajando el índice de reservas versus producción con un RP a 6.1 años. Adicionalmente las reservas de petróleo actualmente son de 2.108 millones de barriles y el índice mencionado anteriormente de reserva producción baja a 7.1 años para el ritmo de producción actual”, alertó.
Por eso enfatizó en la necesidad de adoptar medidas regulatorias que incentiven la exploración y el desarrollo de los proyectos “sobre los cuales se han anunciado hallazgos importantes, pues lo que nos permite evidenciar es el desgaste y futura pérdida de la soberanía energética de gas y crudo”.
Recalcó que este panorama podrá generar afectaciones en aspectos como las finanzas públicas y el medio ambiente.
“Se requiere una nueva exploración de gas en tierra y viabilizar los descubrimientos costa afuera en el Caribe colombiano. En el marco regulatorio consideramos que se requiere en primer lugar condiciones comerciales adecuadas y más flexibles, dijo.
También se refirió a que se debe avanzar en el desarrollo de nueva infraestructura contemplada en el plan de abastecimiento y lograr una remuneración eficiente de los gasoductos, así como brindar estímulos específicos a la producción de gas.
“En materia del servicio de electricidad, el país aún no cuenta con un sistema que podamos determinar cómo totalmente seguro y ante todo sostenible. Las inversiones en las fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica son fundamentales no sólo para reducir la dependencia de las importaciones sino también para alinear el país con las metas globales de sostenibilidad. La capacidad actual de generación a partir de estas fuentes es tan sólo de 1.200 megabytes”, anotó.
Con relación a la demanda de electricidad, expuso que actualmente es aproximadamente en promedio de 221 gigabyte día y solamente entran 19 gigabyte día adicionales derivados de la última subasta de encargo por confiabilidad. “Acorde a eso es probable que dentro de cuatro años con un crecimiento de al menos el 5% de la demanda de energía se necesite un 21% adicional, es decir, se puede necesitar más de 48 gigabyte día adicionales y sólo se adjudican 19 gigabyte día”, subrayó.
El contralor Rodríguez fue enfático al decir que “la seguridad energética en Colombia destaca múltiples desafíos estructurales y operativos para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del suministro energético del país. La seguridad de la infraestructura eléctrica es esencial y a pesar de los esfuerzos, los ataques por grupos ilegales al margen de la ley y las amenazas eminentes del cambio climático como los incendios forestales requieren una respuesta estratégica y coordinada”.
Por último expuso que “la seguridad energética no sólo es fundamental para la estabilidad económica y el crecimiento, es fundamental para la soberanía nacional”.
