Durante la presentación del estudio ‘Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia (2010-2026), la Contraloría General de la República lanzó una serie de alertas con relación a los desafíos que se enfrentan en el sector energético en el país.
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De acuerdo con el ente de control, es necesario que el país cuente con una Política Integral de Seguridad Energética, a través de la cual se adopten estrategias e indicadores de permanente seguimiento.
Por medio de dichos mecanismos, según la Contraloría, se permitirá que los actores del sector, a los usuarios y al país en general estén “informados sobre los avances o deterioros de la seguridad para los distintos subsectores energéticos y que a la vez complemente los avances en transición energética”.
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Germán Castro Ferreira, contralor Delegado para el Sector Minas y Energía, destacó que es “evidente” la fragilidad institucional debido a que no se cuenta con una “política clara coordinada entre entidades estatales”, debido a que “algunas instituciones anteponen los temas ambientales a los de seguridad energética mientras otras hacen lo contrario contribuyendo a la inestabilidad jurídica y tributaria ante tal ambigüedad de decisión política”.
Ferreira también alertó debido a que el licenciamiento ambiental y las consultas previas se han convertido en un “cuello de botella sin solución a la vista”, que afecta a todos los subsectores energéticos.
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“Es un aspecto que debe ser abordado con prioridad, ya que está dilatando el tiempo de ejecución de los proyectos que son vitales para garantizar la seguridad energética”, enfatizó.
El contralor delegado fue enfático al sostener que “no se debe supeditar la seguridad energética a la transición energética, pues son dos temas que deben tener el mismo nivel de importancia”.
En ese sentido, recalcó que la seguridad energética debe ser un tema prioritario y atendido en el corto plazo para “tener un desarrollo sin sobresaltos de la transición”.
