La medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico para que el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) avance en la revisión y análisis para la modificación de la formula tarifaria ha sido respaldada desde distintos sectores.
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Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, aseguró que esta decisión está “muy en línea” con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue ratificado por el Consejo de Estado para proceder al nombramiento en propiedad de los 6 expertos comisionados de la Creg.
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“La inoperancia de la Creg, por la desidia y la terquedad del Gobierno nacional, son el nudo gordiano que ha impedido solucionar el problema de las tarifas, que es de su competencia y que solo el Presidente Petro y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, pueden desatar. Para ello solo se requiere voluntad política, menos anuncios y más decisiones”, expuso.
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En la misma línea, Acosta destacó que la medida cautelar acertó al solicitar que se defina “si es adecuado o no su replanteamiento, y en el caso de que sea la conclusión, se establezca y definan los indexadores más adecuados de reemplazo para reflejar el incremento de valor de los costos de la prestación del servicio en el tiempo, considerando el próximo periodo”.
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Puso de presente, además, que el Tribunal también pidió que se avance en la revisión de otros componentes tarifarios que afectan la tarifa de los usuarios en la Costa Atlántica, tales como los de pérdidas y restricciones, al considerar “las particularidades de dicha región y los periodos regulatorios respectivos, de tal forma que se establezca si la Comisión así lo considera necesario una nueva fórmula para calcular las tarifas del servicio eléctrico desligando el IPP (Índice de Precios al Productor) en cada uno de sus componentes regulados e indexar al índice de precios al consumidor (IPC)”.
