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A través de diversos recursos judiciales, desde el Caribe colombiano se ha venido reclamando igualdad en los cobros de la energía eléctrica. En 2022, una demanda fue presentada por el Distrito de Barranquilla ante el Consejo de Estado en contra de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que permitieron un esquema diferencial para esta zona del país.

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Jaime Pumarejo, quien se desempeñó como alcalde de Barranquilla en el periodo 2020 – 2023 y lideró la presentación de la demanda, aseguró que es necesario que desde el alto tribunal se adopten decisiones en el menor tiempo posible.

“Hay 12 millones de colombianos que están viviendo una situación injusta y esto lleva desde hace más de dos años. Cuando se presentó la demanda, el presidente era Iván Duque y no Gustavo Petro. Desde ese momento ya veníamos vaticinando lo que iba a pasar y por eso presentamos esa demanda”, enfatizó.

Pumarejo también recordó que la acción legal presentada ante el Consejo de Estado también incluye la petición de una serie de medidas cautelares que permitan suspender el cobro mientras se toma una decisión de fondo.

“El proceso está en una fase de acumulación, porque hay más de 50 coadyudancias; es decir, más de 50 entidades se sumaron y eso le debería demostrar al Consejo de Estado que es un tema de suma importancia”, recalcó.

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Indicó que otra opción para atender la crisis energética en el Caribe corresponde a que el Congreso dé trámite al proyecto que se ha propuesto para asumir los saldos de opción tarifaria, pero agregando lo concerniente a la tarifa diferencial para la región.

“Hay que incluir a todos los estratos, así como al sector industrial y comercial. Los estratos 4, 5 y 6 del Caribe son más pobres que los estratos 4, 5 y 6 del interior del país, pero en el Caribe pagan más que en el interior. Es absurdo”, expuso el exmandatario distrital en diálogo con EL HERALDO.

Pumarejo también señaló que, en su momento, se coadyuvó la demanda presentada por los personeros de Barranquilla y Santa Marta, que recientemente fue fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En ese sentido, destacó que es un “primer gran paso” para ‘poner en cintura’ a la Creg, aunque evidenció que los “parámetros de acción son muy amplios, y si baja el 1 % de la tarifa podría argumentar que está cumpliendo con el mandato legal”.

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“Si hace lo que no han hecho en dos años, que es eliminar el concepto de pérdidas de la tarifa, habrá hecho justicia y el fallo será suficiente, pero como no tengo fe de que cumplan, tenemos que presionar la otra demanda que es más explícita”, remarcó.

Por último, instó a la ciudadanía y a las autoridades locales a estar pendientes del cumplimiento de esta orden, para así evitar que “nos bailen el indio y haya una real reducción en la tarifa y no pañitos de agua tibia, como pueden ofrecer”.