Durante un año, las autoridades han adelantado un proceso de investigación criminal que ha conllevado a la captura de 17 personas, que son acusadas de hacer parte de una red dedicada al robo de predios en el departamento del Atlántico.
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Este martes, la Policía Nacional dio a conocer nuevos detalles del funcionamiento de la mencionada red, que entre sus miembros contaba con tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, un notario, un calificador de Instrumentos Públicos y un asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad.
El brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, recordó que las 17 capturas se materializaron por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público, “igualmente todo con fines de usurpación de tierras y construcciones ilegales”.
Es de anotar que la investigación se adelantó desde cuatro líneas a partir de la identificación de su modus operandi, que correspondía a la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceros.
Los roles de cada integrante
De acuerdo con las autoridades, los registradores de Instrumentos Públicos permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Por su parte, los notarios se encargaban de la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos o la verificación de registros catastrales y de matrículas inmobiliarias.
Además, el calificador de instrumentos públicos, en su calidad de revisor jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos, omitía sus funciones de verificación documentos que cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro.
Mientras que los Inspectores de Policía emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Los terrenos ocupados
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un Megacolegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50 millones.
De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente $22 mil millones.
En ese sentido, se vieron afectados cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos de forma engañosa a familias.
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De esta manera, además, se ha afectado a los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Las autoridades policiales fueron enfáticas al sostener que con este resultado se busca recuperar el interés de constructoras quienes ya se habían visto afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos.
Asimismo, señaló que este resultado operacional permite generar tranquilidad para las más de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas en Soledad.
Homicidios y desplazamientos forzados por criminales
El general Yecid Peña reveló que se registraron homicidios y desalojos de personas que serían dueños de dichos lotes que hoy están siendo investigados por las autoridades.
“Sí o sí hay vínculos de grupos al margen de la ley interesados en apoderarse de estas tierras, delito tan grave que inclusive, de acuerdo con nuestras estadísticas, también ha producido muertes a través del sicariato por personas que de alguna u otra forma se resisten a entregar sus propiedades”, informó.
Cabe reseñar que, el pasado 10 de enero de 2025 se registró un ataque armado en el barrio Normandía de Soledad, en el que murieron dos personas y tres personas resultaron heridas.
Lo más curioso de este caso es que el lugar donde se perpetró el atentado sicarial, al parecer, se venden lotes para vivienda, y la mujer que resultó muerta en este le figuraba una anotación judicial por el delito de invasión de tierras o edificaciones y amenazas.
Lo que viene
El coronel Jorge Mora, jefe del Grupo Anticorrupción de la Dijín de la Policía, indicó durante una rueda de prensa que se cumplió este martes que se viene analizando la participación de bandas criminales en estos hechos de presunta corrupción.
“Con nuestra Fiscalía General de la Nación estaremos en una segunda fase, con algunos servidores públicos y con algunas personas de organizaciones delincuenciales vinculadas a la posesión ilegal de tierras en el Atlántico. También quiero decir que, históricamente, este ha sido un delito”, expuso.
Mencionó, además, que este ha sido un delito con diversos antecedentes en el departamento: “Esos servidores públicos que están siendo investigadas en esa segunda fase tendrían vinculación con organizaciones delincuenciales en el Atlántico”.
Continúan audiencias
Al cierre de esta edición se adelantaba la audiencia de legalización de captura, que es liderada por el juez Ángel Monroy.
