Darling Isáziga, secretaria del Interior del Atlántico, señaló ayer a EL HERALDO que hasta la fecha, según el censo que manejan las instituciones del departamento y el Distrito de Barranquilla, hay más de 800 personas que afirman haber retornado de Venezuela por la crisis fronteriza en la capital del Atlántico.
'Hoy (ayer) ya no se está atendiendo más en la Plaza de la Paz porque vimos que las personas que han llegado están ubicadas en diferentes municipios, además de Barranquilla. Ahora el Distrito y las alcaldías municipales deben censar a los retornados que falten', afirmó.
Recordó, además, que desde la Gobernación se dieron instrucciones a los alcaldes municipales para que activen un Comité de Gestión de Riesgo y le den la atención necesaria a los retornados del país vecino, empezando por la realización de un censo que les permita hacerse acreedores de ayudas humanitarias.
De esta forma, explicó Isaziga, los que estén residiendo en Barranquilla y aún no se hayan registrado deberán dirigirse a la Secretaría de Gestión de Riesgo del Distrito, y los que están en los municipios del departamento, a sus respectivas alcaldías.
'El Gobierno dio directrices claras. Una vez se realice el censo, este se enviará a Bogotá para hacer el cruce de información con distintas bases de datos del Gobierno y evitar que inescrupulosos se incorporen para beneficiarse de estas ayudas. El Gobierno Nacional es el que va a decir quien tiene derecho a estas', señaló la secretaria.
Alojado
Jorge Ignacio Uribe Villamizar, barranquillero de 22 años, es uno de los 18 colombianos que llegaron a la ciudad sin un lugar dónde alojarse y que fueron albergados temporalmente en un hogar de paso de Malambo, gracias a la acción de la Pastoral Social y la Gobernación
Su padre es de Medellín y su madre de Bucaramanga. Vivía hace tres años en la Isla de Margarita, donde conoció a la mamá de su hijo y se desempeñaba como comerciante. Lo deportaron hace un mes, y su esposa, la isleña Luisa Inés Rivera, siguió su rastro hasta Colombia. Por su apellido, contó, fue estigmatizado y tratado de paramilitar.
'Me agarraron, me pidieron los documentos, mostré mi carta de concubinato, el papel de mi hijo, pero nunca me quisieron ayudar. Solo se interesaron en deportarme, me enviaron a Caracas, donde duré una semana, y luego me mandaron para acá', afirmó.
Alcaldía
La alcaldesa Elsa Noguera confirmó que hasta el momento no se está entregando ninguna ayuda económica y que su despacho identificó, a lo largo de los últimos meses, la llegada a la ciudad de muchos barranquilleros y gente de la región que vivía en Venezuela. Dijo también que se tomarán medidas de choque para que los menores de edad reciban el apoyo pertinente.
'Si bien estamos ‘sisbenizando’ a los padres por tener cédula colombiana, sus niños venezolanos se están que dando fuera. Hay que ingresarlos al sistema de salud', agregó.
Condiciones
Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó mediante un comunicado que la activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo debe obedecer a la incapacidad de la entidad territorial en la atención de la emergencia por superar sus capacidades operativas, financieras, administrativas y logísticas. Por lo tanto, dice, se debe entregar un informe pormenorizado de la situación presentada y la solicitud de intervención del CDGRD y/o de la UNGRD.
Solicitó a las personas que no resultaron damnificadas por tener la condición de deportadas, expulsadas o retornadas, que se abstengan de continuar solicitando Asistencia Humanitaria de Emergencia, en cuanto se realizarán las validaciones pertinentes para establecer la situación de cada persona registrada como damnificada en el Registro Único de Damnificados.
Según la ley 599 de 2000 del Código Penal, aquel que obtenga una ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cinco a nueve años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis a doce años.
