Pronunciar en voz alta los nombres de cada una de las víctimas en los lugares donde murieron, para 'purificar' los ríos que llevaron los cuerpos y las piedras que sirvieron de hornos de leña para cadáveres humanos, ordenó entre otras medidas de reparación la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá al condenar a Salvatore Mancuso.
La sentencia del pasado 31 de octubre por las acciones cometidas por el Bloque Catatumbo, fue además contra el barranquillero José Bernardo Lozada Artuz, alias Mauro; el bolivarense Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias Rumichaca; Jorge Laverde Zapata, alias El Iguano; Isaías Montes Hernández, alias Junior y Lenín Palma Bermúdez, alias Alex. Jimmy Viloria Velásquez, alias Jairo Sicario, fue expulsado de Justicia y Paz por haber seguido delinquiendo.
La pena de 8 años para cada uno, como lo establece el mecanismo de justicia transicional, fue por 22 delitos, entre ellos actos de terrorismo, homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada, actos de barbarie, desplazamiento forzado, tratos inhumanos y degradantes y tráfico de estupefacientes.
Este viernes, Mancuso y otros once ex jefe paramilitares recibieron una nueva condena por parte del Tribunal de Justicia y Paz. En esta oportunidad por los 1.426 hechos criminales que dejaron más de 8.000 víctimas en la Región Caribe.
En la audiencia la magistrada Léster María González leyó solo la parte resolutiva de la sentencia que tiene 4.500 folios por extenso contenido, pero ordenó que se entregara a cada representante de las víctimas el relato de los hechos que le competen y las consideraciones del Tribunal en ese sentido.
En los folios se detallan más de diez mil incursiones violentas de las AUC y, como en la primera sentencia, se relata la estrategia del ex jefe paramilitar que sembró el terror en la Región Caribe.
Mancuso se vuelve ‘para’. En la sentencia del 31 de octubre pasado, el Tribunal de Justicia y Paz registra la forma cómo Mancuso llegó al grupo paramilitar y pasó a comandar los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María.
El ex jefe paramilitar recordó que su incursión en estos grupos comenzó cuando llegó a la Brigada del Batallón y le dijeron que les sirviera de guía para enfrentar el accionar de la guerrilla. 'Yo les dije: pero si yo no sé manejar un fusil, no sé manejar nada, (…) entonces me dieron una caja de cartuchos doble cero, porque yo tenía munición para darle a las palomas y pájaros. (…) Tuvimos una acción donde mueren tres guerrilleros, (…) me dijeron: usted se montó en el lomo del tigre, si se baja del lomo del tigre, se lo va a comer el tigre. Tiene dos opciones, o se va y deja eso abandonado o pelea, (…) pero nuestra recomendación es que pelee, (…) usted se va, la guerrilla lo va a buscar cuando baje y cuando aparezca lo van a matar, lo va a asesinar...'
Seguidamente recordó que le advirtieron que no tenía más opción que armarse para defenderse.
'Me entrenaron y me llevaron a que generara redes de comunicación, redes de cooperantes, (…) de esa forma funcionó todo el fenómeno, y esa fue la vinculación anterior con las Autodefensas', narró Mancuso.
El Bloque al norte. El Tribunal de Justicia reseña que entre 1980 y 1995, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dirigidas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, incursionaron en la Costa Caribe al mando de Mancuso, para 'combatir los Frentes 6 de Diciembre y José Manuel Martínez Quiroz del ELN y las células de las Farc que operaban en la Serranía del Perijá y sus municipios aledaños, en el departamento del Cesar'.
Luego, con la confederación de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la década de los años 90, se formó el Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el Cesar, Magdalena, La Guajira y Atlántico, aunque 'ocasionalmente operó en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y Bolívar'.
El Bloque, con 4.759 miembros, se subdividía en frentes y comisiones cada una al mando de un comandante y con personal para el recaudo de recursos, para contactar a las administraciones y la fuerza pública y para realizar labores de inteligencia urbana y rural: frentes Adalvis Santana, Bernardo Escobar, Contrainsurgencia Wayuu, David Hernández Rojas, Guerreros de Baltasar, Héroes Montes de María, José Pablo Díaz, Juan Andrés Álvarez, Mártires del Cesar, Resistencia Chimila, Resistencia Motilona, Resistencia Tayrona, Tomás Guillen y William Rivas.
Organismos de seguridad del Estado. La facción se infiltró además en el DAS, en virtud de lo cual Rafael García Torres, ex director de informática, fue condenado. La parapolítica, de hecho, nació en el Caribe por los nexos de este bloque con congresistas y gobernadores de la Costa.
El Bloque Montes de María se independizó en 1999, al mando de Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, con plena autonomía funcional, administrativa y económica, sin perjuicio del cumplimiento de órdenes de Castaño y Mancuso. Y tenía además tres frentes: Golfo de Morrosquillo, a órdenes de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena; Canal del Dique, a cargo de Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique y Sabanas de Bolívar y Sucre, comandado por William Ramírez Castaño, alias Román.
La Corte Suprema de Justicia estableció que este bloque se creó 'con el propósito de establecer un grupo permanente que se encargara de la ‘seguridad’ del centro y norte del departamento (de Sucre), donde se concentraba buena parte de los ganaderos adinerados' y que la reunión para su creación se llevó a cabo 'en 1997, en la hacienda Las Canarias, de propiedad del político y ganadero Miguel Nule Amín, a la que acudieron, entre otros, el ganadero Joaquín García Rodríguez, reconocido auspiciador de esta clase de organizaciones; Javier Piedrahíta, otro entendido en la materia; Salvatore Mancuso y el senador Álvaro García Romero'.
La región de los Montes de María, situada entre Bolívar y Sucre, está integrada por los municipios bolivarenses de El Guamo, San Juan Nepomuceno, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, Carmen de Bolívar y Córdoba Tetón, y por los sucreños de Ovejas, Colosó, Los Palmitos, Morroa, San Antonio de Palmito, Tolú Viejo, Chalán y San Onofre.
Las masacres. En el caso de Pichilín, el Tribunal Superior de Sincelejo relató que 'un grupo fuertemente armado (…) irrumpió el 4 de diciembre de 1996 entre las dos y las cinco de la tarde, en inmediaciones del municipio de Morroa, corregimiento de Pichilín, (…) donde con lista en mano y previamente señalados por uno de ellos que les servía de guía, acribillaron a 12 campesinos'.
Las víctimas fueron sacadas violentamente de sus viviendas, lugares de trabajo y automotores en que se desplazaban y los masacraron a bala, por aparecer señalados como colaboradores de la guerrilla.
El Consejo de Estado encontró probada la responsabilidad del Estado, por cuanto las autoridades no realizaron las acciones necesarias para proteger a la población, y además porque la Sijín sabía lo que iba a pasar.
El Aro. Mancuso describió que fue una masacre perpetrada en el corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997. Perdieron la vida 15 personas y como consecuencia hubo un gran desplazamiento forzado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado por estos hechos.
Tras la masacre de La Granja, el 11 de junio, se advirtió de la inminencia de algo similar en El Aro.
En la sentencia, la corte de la OEA señaló: 'la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquélla'.
El Salado. Un total de 62 personas fueron asesinadas por los paramilitares en este corregimiento de El Carmen de Bolívar.
La masacre fue perpetrada por órdenes de Carlos Castaño, según Mancuso. Era de público conocimiento, para esa época, que este lugar era dominado de forma total y absoluta por la guerrilla y le permitía controlar prácticamente la movilidad de la zona Norte de Colombia hacia el interior del país.
Los hechos, en los que participaron unos 450 ilegales, fueron planeados por Mancuso y Jorge 40. El 19 de enero de 2000 en la vía a El Salado degollaron a cinco y el 23 de diciembre de 1999, un helicóptero lanzó volantes diciéndoles que comieran, bebieran y celebraran las fiestas de fin de año, pues esas serían las últimas.
Macayepo. Fu perpetrada el 14 de octubre de 2000 en el corregimiento de Macayepo, El Carmen de Bolívar. Perdieron la vida 15 personas.
Por esta masacre, la Corte Suprema condenó al exsenador Álvaro García Romero, del cuestionado clan de los García Romero y los Zuccardi.
En la sentencia reza: 'al final de la charla, García Romero es informado por Joaquín García sobre el movimiento del grupo ilegal hacia Macayepo, tema que no motivó ninguna reacción de su parte en orden a impedir el previsible resultado de aquella operación, demostrando con ello una actitud calificable como de tolerancia aprobatoria de lo que estaba por suceder, pues al fin y al cabo había sido uno de los gestores del grupo criminal'.
Chengue. Mancuso relató que esta masacre ocurrió el 11 de enero de 2001, en la población de Chengue, corregimiento de Ovejas, Sucre.
La masacre fue perpetrada por órdenes de Carlos Castaño a alias Cadena. Se usaron cuchillos y machetes, y algunas víctimas fueron degolladas. La masacre se realizó con la complicidad de la Policía del departamento de Sucre y de la Primera Brigada de la Armada. Fueron asesinadas 27 personas que se encontraban en una lista que tenía el grupo paramilitar.
Las advertencias previas sobre esa matanza se le hicieron llegar, incluso, al presidente de entonces, Andrés Pastrana. Pese a las múltiples responsabilidades que les cabían a varios miembros de la fuerza pública, 'cuando Luis Camilo Osorio era fiscal general, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema precluyó el caso en 2004', y la decisión fue confirmada por el vicefiscal general, Luis Alberto Santana Robayo, en 2005.
Nunca leyó los estatutos
Para los magistrados resulta 'inconcebible' que Mancuso, el jefe máximo de los ‘paras’, nunca hubiera leído los Estatutos de las AUC, sobre todo porque, según ese mismo documento, estos definían 'la naturaleza de la organización, los principios, objetivos políticos, misión, composición y régimen interno de la organización, estructura, mando y conducción, patrimonio y régimen económico, naturaleza político militar del movimiento: la población civil y el DIH en el curso del conflicto armado y compromiso con la paz'.
'Jamás he leído esos Estatutos'. Por lo que, señala el Tribunal, '(…) a pesar de haber adoptado esa reglamentación, en la práctica el distanciamiento con lo que allí se consagró es notorio'. Por ejemplo, en el grupo ilegal nunca cumplieron con 'la defensa del régimen democrático, cuando fueron ellos mismos quienes impusieron gobernantes, obligaron electores', o también con 'la defensa de la libertad física, (…) pues no puede olvidarse que la desaparición forzada fue una conducta de práctica reiterada' y 'la defensa y protección de la propiedad privada', que 'fue desconocida por quienes hicieron incursiones en barrios, veredas y poblaciones'.
Y concluye la Sala que 'lo plasmado en los Estatutos de las AUC, así como las razones políticas que conllevaron a la creación de una fracción de la organización (…), no se correspondieron del todo con el actuar'.
No obstante, Mancuso sostuvo que las AUC 'surgieron como consecuencia del abandono del Estado...'.
Un barco cargado de armas
Al apoderamiento por parte de las AUC de 3.500 armas y 4 millones de municiones del Ejército de Nicaragua se le denominó el caso Otterloo, sobre el que la Fiscalía indicó que 'esto se inicia en octubre de 1999 y se da con una serie de sucesos que terminaron con el desvío ilegal de armas tipo fusil AK-47'.
Al principio, era una transacción legítima entre la Policía de Nicaragua y una agencia privada de venta de armas de Guatemala. La primera ofreció una cantidad de pistolas y mini uzis nuevas de fabricación israelí a cambio de 5.000 fusiles. La empresa buscó un cliente interesado en comprar estas armas de la Policía y se decidió por el señor Sigmon Gealink, un comerciante de armas israelí ubicado en Panamá y que afirmó representar a la Policía de Panamá, pero esto era falso. Y a través en el barco de nombre ‘Otterloo’, que llegó a Turbo, Antioquia, a un puerto de la bananera Chiquita Brands, donde las armas fueron entregadas a las AUC. El capitán del barco desapareció y la compañía marítima fue disuelta varios meses después.
Las AUC, en general, obtenían las armas con el dinero del narcotráfico y las compraban en otros países, como Bulgaria, y de vendedores como ‘el capitán Rojas’ o ‘el Tuso’, que cambiaban mil fusiles en ‘Las Tangas’, Córdoba, por 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las armas las conseguían los vendedores en Centroamérica.
En el caso del Catatumbo, hornos de leña con muertos
Jaime Escalante se despidió de su madre, Bernarda, a las 7 de la noche del 22 de junio de 2002. Al salir, la Policía lo detuvo. El cabo Alexánder Ardila, alias Mascotica, y el agente Élmer Atencia, alias Polocho, lo llevaron a un sótano de un centro comercial de Villa del Rosario, Norte de Santander, y de ahí lo embarcaron al sector de Juan Frío, donde después de asesinarlo quemaron su cadáver en uno de los hornos crematorios que inauguró el Bloque Catatumbo.
La Fiscalía estableció que el propósito de estos hornos, que fue una práctica diseñada por el Bloque Catatumbo, 'era desaparecer todo rastro de evidencia, puesto que, con la práctica de las fosas comunes, se corría el riesgo de que las autoridades los descubrieran'.
El Iguano indicó al respecto de los truculento hornos: 'las órdenes de desaparecer cadáveres provenían de Carlos Castaño, a quien los militares le exigían que no deberían aparecer tantos cadáveres, porque ello crearía presión en contra de las autoridades; contrarias eran las órdenes impartidas de Salvatore ya que para él estos cadáveres eran la prueba de las ‘justas acciones’ de las Autodefensas'.
Así mismo, el barranquillero Lozada describió 'les ordené que sacaran los cuerpos, y construyeran una especie de hornos con ladrillos donde se pudieran concentrar la mayor parte de esos cuerpos y se incineraran. Con los primeros cuerpos se cavó un hueco que incineraron al aire libre, pero los pobladores se dieron cuenta por los olores y empezaron a salir de esa región (…). Me informaron del trapiche y este era ya un sitio construido con ladrillo y se prestaba para nuestro propósito. Le hicimos algunas adecuaciones, y este fue el lugar donde hubo más víctimas mortales incineradas, este horno funcionaba con leña, y en la parte de abajo estaba recubierto con cemento'. Los hornos estaban ubicados en la vereda de Juan Frío, Villa del Rosario, donde desaparecieron los cadáveres de más de 200 víctimas; la finca ‘Aguasucia’, en intermediaciones del río Táchira; la Curva del Diablo y la finca ‘Pacolandia’, ubicada en el corregimiento de Banco de Arenas, Puerto Santander.
