El paisaje que se abre entre los manglares cuando los viajeros pasan por el kilómetro 19, en la vía Barranquilla–Santa Marta, hace casi que obligatorio que los conductores orillen el vehículo por un momento para tomar una foto del entorno natural. Aunque, en los últimos meses, el motivo de atracción es otro: los conductores se vuelven testigos atónitos de los escasos ocho metros de arena que, en el punto más crítico, evitan que el mar llegue a la carretera.
Los más grave del asunto es que, hace muy poco tiempo, se ejecutaron obras con un presupuesto cuantioso para frenar el proceso de erosión que ahora amenaza la importante arteria. Dicha sobras están siendo investigadas por la Contraloría, que busca establecer responsabilidades por un detrimento patrimonial de más de $7.000 millones, según consta en el preceso número 283, al que ha tenido acceso EL HERALDO.
En marzo de 2010, la Gobernación del Magdalena, entonces encabezada por Omar Ricardo Diazgranados Velásquez, celebró el contrato 107 con Edgardo Navarro Vives, en el que se destinaron 22 mil 815 millones de pesos para realizar el diseño y construcción de unas estructuras de protección costeras, con la respectiva interventoría por 942 millones 361 mil pesos, con el fin de contener la erosión en tres puntos clave: kilómetro 19, kilómetro 55 y Costa Verde, en Ciénaga.
Las obras comenzaron a ejecutarse en noviembre de 2010. En abril y julio de 2011, la Contraloría realizó sendas visitas al lugar, en las cuales detectó una serie de supuestas anomalías que dieron pie a la investigación. Los expertos del ente de control señalaron, entre otras cosas, que los trabajos no se estaban ejecutando conforme al diseño definitivo, que al contratista se le hacían pagos por mayores cantidades de obra no contempladas en el proyecto y que la responsable de la interventoría–la Asociación de Ingenieros de la Universidad Militar Nueva Granada-Asicum– no tenía asignados en la obra a los profesionales que había previsto en el proyecto.
Lupa al KM 19. Entre los hallazgos, el perito descubrió que los módulos de concreto que debían contener el avance del mar debían ubicarse a 90 metros de la línea de costa y una profundidad de 1,60 metros. Según el informe, el contratista, contraviniendo dichas indicaciones, instaló los módulos a 40 metros y a una profundidad que oscila entre uno y 1,4 metros. Para ello utilizó una grúa con un brazo mecánico desde la zona de playa, cuando el contrato establecía que esa operación se realizaría mediante barcazas y con el apoyo de buzos con el fin de lograr una mejor colocación de los módulos sobre el lecho marino.
En el momento en que se realizaba la obra, la distancia de playa que separaba el mar de la carretera era de 30 metros en el punto de erosión más crítico. La idea de colocar los módulos de concreto a 90 metros de esa línea de costa era disponer del espacio suficiente para generar 40 metros de playa de más, y aumentar así la distancia en un total de 70 metros entre el mar y la carretera.
Otra aparente inobservancia tiene que ver con el anclaje entre los módulos de concreto que iban alineados en el mar, para así contribuir a la nivelación de la barrera de concreto. Dichos anclajes, según el informe, no fueron realizados. Además, la Contraloría advirtió que la longitud aproximada de la barrera instalada era de 820 metros, y no de 1.000 metros, como se estipulaba en los diseños.
En su momento el director de la obra, Fabián Saumeth, justifica que la barrera había sido instalada con una longitud de 800 metros debido a que en el sitio más crítico (km 19 + 600 metros) fue necesario poner más módulos creando un segunda barrera. Sin embargo, la Contraloría señala en su investigación que no logró establecer la cantidad de módulos de refuerzo instalados, por cuanto buena parte de la barrera ya se encontraba sumergida.
Mayor cantidad de obra. En el informe del proceso de Responsabilidad Fiscal, la Contraloría señala que en los tres puntos donde se adelantaban las obras se modificaron las cantidades mediante un acta firmada el 21 de enero de 2011, lo que implicaba mayores costos para el proyecto de lo que en un principio fue pactado.
Sobre esto, la Contraloría expresa en su informe que 'el pago al contratista de cantidades de obras superiores a las requeridas de acuerdo a los diseños definitivos, podrían generar un menoscabo al patrimonio del Estado, aún cuando estas mayores cantidades de obra sean físicamente ejecutadas por el contratista, puesto que técnicamente y según los diseños definitivos no se requieren'.
En el kilómetro 19, por ejemplo, la Contraloría halló mayores cantidades de obra en materiales como acero, concreto marino, rocas, e incluso en el relleno para la playa, pese a que al final, la distancia en que fue instalada la barrera de concreto marino no fue lo suficientemente amplia para necesitar dicho relleno.
Con este proceso, la Contraloría trata de definir si hay responsabilidad fiscal en una presunta sobrestimación de $7.134.169.837 en una obra que, debido a su alta inversión en recursos –la mayoría provenientes de las regalías por explotación de carbón–, debió ser adjudicada en un proceso de licitación pública. Sin embargo, fue otorgada directamente al contratista en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, sobra la cual la Controlaría tiene también sus reparos, entre otros motivos, porque tras la declaratoria de urgencia manifiesta transcurrieron varios meses sin que ni siquiera se hubieran comenzado las preobras.
La Contraloría incluye en su investigación a la Universidad Militar Nueva Granada-Asicum, por supuesto incumplimiento de contrato al no contratar los tres residentes y tres interventores previstos para supervisar la obra. Según el ente, la responsable de la interventoría se habría ahorrado casi $452 millones.
Contactado por este periódico para que diera su versión sobre la investigación de la Contraloría, Fabián Saumeth, entonces director de la obra de la firma Edgardo Navarro Vives, manifestó que 'la persona autorizada para hablar sobre el tema es el coordinador del Crepad Magdalena, Luis Barraza'. Este diario también intentó contactarlo sin éxito.
