Los deslizamientos y el mal estado del terreno en Campo Alegre es una situación que ha afectado a las familias del sector por más de 10 años. Tras el anuncio del fallo del Juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla en el que ordena la indemnización de las familias, EL HERALDO les presenta un recuento de lo ocurrido en el sector.
La situación empezó en el 2004 con los agrietamientos de viviendas ubicadas en urbanizaciones de la calle 83A, como consecuencia de los primeros deslizamientos de la ladera, debido al fuerte invierno de ese año.
Un año después comenzaron a hundirse las primeras viviendas construidas en la ladera y los patios de algunas casas de Ciudad Jardín se desplomaron. Ese mismo año se declaró zona de emergencia y el Distrito inició obras para mitigar el daño sobre las viviendas de los afectados.
En 2006 se reportó el agrietamiento de los apartamentos de tres conjuntos residenciales, la remoción en masa continuó y el Gobierno Distrital realizó un censo para determinar el número de casas afectadas. Ese mismo año, la administración distrital tomó la decisión de bajar el estrato para esta zona, de 3 a 2.
En 2007 el Distrito de Barranquilla comienza la intervención de la zona con la construcción de canales de drenaje para mitigar el deslizamiento del terreno y evitar la afectación de más viviendas. Ese año se contrata al experto en suelos Jaime Suárez para que elabore un estudio en la zona de Campo Alegre y Ciudad Jardín. Con ese estudio se hizo un plan de obras para estabilizar la ladera y evitar que el fenómeno se extendiera a otros barrios del suroccidente.
En 2009 se caen las primeras viviendas de Carson Mirador (estas ya habían sido desocupadas por la constructora) y puertas del Caribe.
En 2010 la temporada de lluvias, que se fortaleció con la incidencia del fenómeno de La Niña, volvió a sacudir el sector y la tranquilidad de los habitantes. Al tiempo que en el sur del Atlántico se registraba la mayor tragedia del departamento en materia de inundaciones.
En ese momento, los más afectados eran los residentes del conjunto residencial ‘Altos del Campo’, cuya entrada está ubicada frente a ‘El Tobogán’, lugar sobre el que se deslizaban pedazos de lodo.
En ese mismo año se conoció el fallo del Consejo de Estado que ordenó la reubicación de las familias que residían en Altos del Campo. Ese mismo año fueron reubicadas varios de los residentes de las de Puertas del Caribe.
Las obras de mitigación estuvieron a cargo de la firma A construir, con la construcción de los pilotes ubicados entre las carreras 41D y 41F con la calle 83A.
Ese mismo año quedó inhabilitada la carrera 38, cuya intervención de estabilización inició en julio de este año y 'tardará cuatro años', según lo informó el Distrito. Un año después fueron evacuadas 160 familias de Altos del Campo, por la socavación que dejaron las lluvias en el terreno.
El debate entre damnificados, representantes legales, el Gobierno Nacional y la administración ha sido constante. En el 2014 el Distrito solicitó al Gobierno declarar zona de desastre 700 hectáreas de la ladera occidental, pero el caso se remitió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Desde hace 11 años el abogado Roberto Tapia ha liderado el proceso jurídico con los ciudadanos afectados, exigiéndole al Distrito y al Gobierno la indemnización de las familias.
Tapia presentó una acción de grupo contra el Distrito y la urbanización Parrish, dueña de los predios. No obstante, en 2010 el proceso vinculó las firmas que ejecutaron los proyectos urbanísticos en esa zona, tales como Marval, Metropolis, Constructora Alejandro Char, Cadena y Fawcett, Alta Vista, Proyecto Barranquilla, urbe Inversiones y Fonbiconstrucciones.
Tras años de lucha, ayer el Juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla resolvió la acción de grupo condenando al Distrito de Barranquilla y a las constructoras mencionadas a pagar por los daños materiales e inmateriales a las familias que resultaron afectadas por los deslizamientos de la ladera de Campo Alegre.
Se estima que el pago alcance los $300.000 millones entre daños materiales e inmateriales para cada damnificado, según precisó Tapia.
Sin embargo, el Secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, anunció que apelará la sentencia.
Los afectados que recibirían la indemnización serían los propietarios de cerca de 2.000 inmuebles, que hacen parte de los conjuntos residenciales Altos del Campo, Atardeceres, Ciudad del Sol I, Ciudad del Sol II, Miraflores, Privilegios, Mirador de Campo Alegre, Colina Campestre y Puertas del Caribe, lo mismo que las viviendas que fueron construidas en el sector de manera individual.
