Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías, destaca que en la región Caribe hay una especie de 'primavera' de la participación ciudadana. Reconoce que 'no hay un número significativo' de veedores, pero que el trabajo de estos está ganando reconocimiento a nivel nacional.
En el país, hay aproximadamente 500 organizaciones de veedurías ciudadanas, 50 tienen su sede en la región Caribe y, de estas, 10 en Barranquilla, de acuerdo con Luis De la Hoz, Director Regional (Caribe) de la Asociación Red Nacional de Veedurías.
Walter Ortegón, presidente de la Fundación Comité de Veedurías del Atlántico, indica que algunas enfrentan dificultades para ejercer su función de vigilancia por falta de recursos económicos y, peor aún, por falta de conocimientos.
'Unas cuentan con apoyo económico de fundaciones internacionales, pero hay otras que están muertas en ese tema, por lo que muchas veces no prosperan', comenta Ortegón.
Este asegura que el dinero es indispensable para solicitar documentos a las entidades públicas referentes, por ejemplo, a contratos que estén revisando.
Que además, en ocasiones, deben pagarle a profesionales para que estudien la documentación. Asegura que el Ministerio del Interior es el encargado de apoyar las veedurías en estos asuntos 'logísticos', pero que 'no lo cumplen'.
Al respecto, el Ministerio de Interior, a través de su oficina de prensa, señala que este no se encarga de entregar dinero a las veedurías, sino que apoyan procesos de formación y capacitación como diplomados.
'De acuerdo con la ley 850 de 2003 (Deberes y Derechos de los Veedores ciudadanos), las veedurías ciudadanas pueden gestionar y conseguir el apoyo de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales a través de la presentación de proyectos y de acuerdo a lo establecido por estas entidades para tal fin', se lee de la respuesta del Ministerio.
Con lo que se tiene
Mientras Ortegón completa 11 años de experiencia, Reiner Chajín, un joven que hace dos meses registró ante la Personería Distrital la veeduría Construyendo Ciudad, afirma que el acceso a la información es uno de los asuntos que más ‘dolores de cabeza’ le genera.
Chajín dice que las veedurías 'no encuentran toda la información a la mano' y que muchas veces reciben diferentes versiones de los documentos solicitados sobre un mismo tema.
Pero Bustos insiste que, pese a las dificultades que puedan enfrentar en el ejercicio de su función, Barranquilla y Santa Marta figuran entre las ciudades con participación efectiva ante la vigilancia 'por la dignidad del manejo de la cosa pública'.
¿En qué consisten las veedurías?
Estas organizaciones son mecanismos democráticos que permiten a los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Tal derecho fue dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política de 1991. Doce años más tarde, a través de la ley 850 de 2003 fueron reglamentadas las funciones de esta, entre las que destaca la vigilancia de los presupuestos para que sean ejecutados de manera rápida, equitativa y eficaz por los entes territoriales.
Estas deben inscribirse en la Cámara de comercio o en las oficinas de la Personería municipal. Además deben llevar un manejo adecuado de sus recursos y presentarle a la comunidad que representan tales registros. Las labores de vigilancia administrativa la pueden ejercer sobre la gestión administrativa de sus debidas municipalidades o departamentos, la que puede ser preventiva y posterior del proceso a revisar.
La importancia de los medios para dar a conocer resultados
Ortegón cuenta que desde 2003 creó la veeduría que preside y que actualmente esta cuenta con diez miembros activos. Señala que están vigilando el tema de contrataciones del Cari y que próximamente darán a conocer un informe sobre los 'elefantes blancos' que hay en Barranquilla y el resto del departamento.
'El gran problema del país es la corrupción', dice el hombre, para quien el papel de estos defensores es vital en cuando a la vigilancia del uso de los recursos públicos. Cuenta que su fundación ha ganado reconocimiento nacional por la labor desempeñada, por lo que considera que la constancia es vital en este oficio que no cuenta con ninguna clase de remuneración.
Destaca la participación de los medios de comunicación al momento de dar a conocer el resultado de sus investigaciones y aunque lamenta la poca disponibilidad de recursos para las labores de los veedores, indica que la ayuda de algunas fundaciones internacionales es un 'buen apoyo' para los ciudadanos.
Dificultades para acceder a la información
Con apenas dos meses de haber constituido una veeduría, Chajín relata que ejercer la función de veedor se ve impedida por las dificultades que encuentra para acceder a información de entidades públicas. Cuenta que la misión de la organización, de la que es presidente, está puesta en hacer acompañamiento y seguimiento a los proyectos de desarrollo social que son ejecutados por la administración distrital en la ciudad, especialmente en la localidad Riomar.
Comenta que su equipo de trabajo está haciendo seguimiento respecto a la vinculación que está adelantando la Alcaldía entre el Centro de Convenciones del Caribe y la comunidad de los barrios Siape y San Salvador, ubicados en el entorno de la infraestructura.
Agrega que le preocupa las pocas garantías de seguridad con las que cuentan los veedores, pues considera que son personas que se exponen al realizar denuncias que terminan involucrando, en algunos casos, la pérdida de la investidura de algunos funcionarios públicos.
'Cada ciudadano debe ser vigía de sus derechos'
El fundador y presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas cataloga a la Región Caribe como una que ha tomado 'vuelo propio' en materia de veeduría, aunque insiste en que cada ciudadano 'se debe convertir en un vigía de sus derechos'.
Dice que a partir de denuncias realizadas por veedores fue dado a conocer en el país el reconocido caso del proceso 8 mil y que, también, fue posible identificar 'el cartel de contrataciones en Bogotá que vinculó al contralor mismo'.
Aunque precisa que hay un reducido grupo de ciudadanos que ejercen este derecho otorgado por la Constitución del 91, para él 'siempre hay voces que harán valer este derecho'.
Bustos ve a la región Caribe como una de las mayores partidarias de la importancia de la participación ciudadana y destaca que ha tenido sostenibilidad en el tiempo en tal ejercicio de defensa.
'La comunidad misma se convierte en protagonista de sus reivindicaciones y anhelos, por eso lideran este tipo de procesos', afirma el veedor.
