La interpretación por parte de la Dimar de un artículo del decreto que define el concepto de playa marítima, genera alarmas entre constructores, empresarios del turismo y gremios de Santa Marta, quienes consideran que se paralizarían proyectos urbanísticos y se demolerían edificios en el área de Pozos Colorados.
El decreto es el 234 de 1984 que en su articulo 167 define el concepto de playa marítima como 'zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente…'.
De acuerdo con la deducción de la Dimar, la playa marítima en Santa Marta se extiende en la zona de Pozos Colorados hasta los cerros, por tanto decenas de edificios tendrían que ser demolidos. Según el gremio empresarial e inversionistas, 'esto es absurdo'.
La secretaria de planeación distrital, Liane Saumeth, manifestó que no desconoce la jurisdicción de la Dimar, pero lamentablemente en el tema de desarrollo urbano y particularmente en lo que se refiera a la primera línea de playa, no ha habido una articulación con la entidad marítima debido a que el procedimiento jurídico que se está aplicando no es el adecuado.
'La Dimar alega que las licencias de construcción en esta zona no se pueden ejecutar porque se encuentra sobre bienes de uso publico, pero desconocen que existen escrituras y certificados de tradición que acreditan propiedad', anotó.
GREMIOS. Los constructores samarios coincidieron en que la interpretación de la Dimar 'es confusa' y precisaron que si la playa llega hasta los cerros, 'entonces no se podría construir ni en Cartagena'.
Juan Manuel González dijo que la Dimar ha iniciado una serie de acciones populares en contra de desarrollos urbanísticos de Santa Marta totalmente legitimados por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, por la línea de playa.
El presidente de la cámara de comercio, Cesar Riascos, aunque mesurado en su apreciación dijo que es respetuoso de la decisión de los jueces, pero que le preocupa cómo se puede ver afectado el desarrollo de la ciudad, sobre todo cuando existen diferencias y criterios donde no se evidencia una claridad absoluta de la Dimar.
'Yo no quisiera ni visualizar lo que esto significaría para la ciudad, y sería un precedente no solo para Santa Marta, sino para ciudades litorales costeras', comentó.
El capitán de la Dimar, Óscar Mantilla, aseguró que en el área de Pozos Colorados se adelantan 15 investigaciones por ocupaciones indebidas, ya que cumplen con las características de playa marítima, y es una zona frágil einundable.
Afirmó que 'las construcciones en esta zona atentan contra el medio ambiente y recordó que la Dimar ha enviado más de 2.500 solicitudes de restitución, de las cuales solo se han cumplido 143'.
CABO TORTUGA. Recientemente el Juez Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta emitió una medida cautelar suspendiendo las obras en el proyecto inmobiliario Cabo Tortuga, en la zona de Pozos Colorados de Santa Marta a pocos meses de terminarse el proyecto.
La medida se expidió como parte del estudio de una acción popular impulsada por la Dimar y, aunque es provisional los afectados consideran que esta decisión afecta el desarrollo del turismo en Santa Marta.
Cabo Tortuga interpuso los recursos legales del caso y confía en que la justicia decida sobre argumentos sólidos.
