A través de un comunicado publicado por la Gobernación del Magdalena, el dirigente departamental Luis Miguel Cotes se refirió a la investigación publicada por EL HERALDO el domingo, en la que queda de manifiesto la manera en que fue adjudicada la licitación del chance en ese departamento a Aposmar, empresa del clan de Enilce López, alias La Gata. (leer Así acomodaron la contratación del chance en el Magdalena)
En dicho comunicado, la Gobernación sostiene que la exigencia de 15 años de experiencia durante los últimos 20 en el proceso licitatorio del Magdalena fue distinta a la que se planteó en Sucre. Pese a esto, los documentos publicados en el Sistema de Contratación Pública, Secop, muestran que ambos procesos de licitación son muy similares en estos aspectos (ver abajo pliego de condiciones definitivos de ambos).
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El gobernador Cotes señaló que a los oferentes se les dio la oportunidad de certificar la red de mercadeo (puntos de ventas y vendedores) incluso antes del inicio de la concesión, lo cual, a su juicio, 'posibilitó la plurarlidad de oferentes pues se amplió en el tiempo el cumplimiento de este requisito'. La comunicación no aborda el privilegio en puntaje para los oferentes que ofrecieran tener esta red de mercadeo instalada (como fue el caso de Aposmar en calidad de oferente-concesionario), en contraposición a los oferentes que ofrecieran instalarla, los cuales obtendrían un menor puntaje.
La Gobernación argumenta que la licitación priorizó el fomento de la mano de obra local y regional, pues así lo estipula la ley 1150 de 2007. En el comunicado no dieron detalles sobre los requisitos solicitados en el pliego de condiciones definitivo, en los que se pedía el listado completo de empleados con sus domicilios.
En junio, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación por presunto lavado de activos en las empresas del chance de La Gata, incluida Aposmar, por lo que esta se encuentra intervenida por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Finalmente, la Gobernación se refiere al acuerdo 084 de 2013, expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, en el cual se notifica que, para las vigencias 2011 y 2012, Aposmar tenía una deuda por transferencias superiores a los 800 millones de pesos. Según informan, desde el año 2010, la ley 1393 modificó la manera en que se calculaba la rentabilidad mínima de los contratos de concesión del chance. 'En efecto, por el cambio que hubo en la forma de calcular la rentabilidad mínima, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar calificó el indicador de la concesión en el Departamento del Magdalena determinando un faltante de 79.491 millones 866 mil pesos en la vigencia 2012, cifra debidamente cobrada y pagada dentro de los términos por la empresa concesionaria Aposmar al departamento', dice el comunicado.
La administración departamental se sostiene en que durante las etapas contractuales hubo 'igualdad de oportunidades de acceso a la participación'.
