Santa Marta. Argumentando razones de 'ilegalidad', el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, terminó ayer de manera unilateral el contrato de concesión número 092 de 2002 con la Sociedad Recaudos y Tributos, R&T, S.A. de propiedad del grupo español Inassa. Así quedó consignado con la firma de la Resolución 3429 de 02 de diciembre de 2014, a la que tuvo acceso EL HERALDO.
La Sociedad R&T es la encargada de recaudar los impuestos Predial e Industria y Comercio en la capital del Magdalena.
El Distrito argumentó que el contrato 092 de 2002 se celebró contra una expresa prohibición legal. En la resolución, expone que el Estatuto Tributario establece que las competencias tributarias únicamente pueden ser delegadas a los funcionarios públicos, y no hay opciones de delegación de tales atribuciones a los particulares.
Sin embargo, advierte el Distrito, si en las discusiones se aceptara que tales funciones son transferibles, para el caso de Santa Marta la delegación a manos de R&T no estuvo precedida por el respectivo acto administrativo.
Además, la concesión fue pactada a 20 años, pese a que el Artículo 111 de la Ley 489 de 1998 solo lo permite por un término de cinco años.
En la decisión, Caicedo ordena que dentro de los cinco días hábiles después de la firma de la resolución, R&T devuelva a la Secretaría de Hacienda el software, la base de datos de los contribuyentes debidamente actualizadas y demás documentos bajo su custodia.
Contra esta decisión administrativa solo procede el recurso de reposición ante el alcalde, para lo cual, la firma tiene cinco días para hacerlo.
Copia de la resolución fue enviada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Contraloría Distrital de Santa Marta.
Mediante la Resolución 039 de 2012, la administración distrital había iniciado el procedimiento administrativo tendiente a terminar unilateralmente el convenio adjudicado a R&T mediante Resolución 910 del 27 de diciembre de 2002.
El Grupo Inassa, que además es accionista de Metrogua, presentó una acción de tutela que fue fallada a su favor por los Juzgados Civiles de Santa Marta. Le ordenaron a la Alcaldía Distrital de Santa Marta abstenerse de disponer dicha terminación porque la única vía jurídica posible para finalizar el citado contrato, según las decisiones de tutela, lo sería ante la justicia administrativa por el contencioso de controversias contractuales.
No obstante, el 16 de octubre pasado, mediante sentencia SU-772, con ponencia del magistrado Jorge Pretelt, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocó las tutelas que frenaban que el Distrito de Santa Marta continuara el proceso de recuperación de la soberanía fiscal.
La Corte concluyó además que la Alcaldía de Santa Marta no vulneró el debido proceso administrativo a la sociedad R&T, al igual que ratificó que el Distrito tiene plena competencia para terminar unilateralmente el contrato 092 de 2002.
Desde que se inició la ejecución, el Distrito pagó a la empresa la suma de $66.569 millones. Proyecta que por el tiempo faltante habría tenido que pagar aproximadamente $120.000 millones.
