'Es un estigma con el que quieren lesionar la dirección de la nueva administración de la empresa de apuestas', declaró ayer el representante legal de Aposmar, Herles Rodrigo Ariza Becerra, al refutar la decisión de la administración del Magdalena de terminar el contrato de concesión del chance cuya vigencia estaba hasta el 2018.
Aclaró que esta entidad hoy nada tiene que ver con la controvertida señora Enilse López, apodada La Gata, principal accionista de las firmas de apuestas en la región Caribe.
La empresa, que en el proceso de extinción de dominio pasó a la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad adscrita al Ministerio del Interior, rompió el silencio y a través de su vocero oficial, en un extenso comunicado, informó del desconcierto ante lo que consideraron 'irregular e injusta decisión'.
Precisa el documento que Aposmar S.A, única autorizada para vender chance en el Magdalena, desde 1990 fue afectada con medida cautelar de pérdida del poder dispositivo el día 4 de Junio del 2014 por parte de la Fiscalía.
Lo anterior significa que los antiguos socios, que están bajo investigación, han sido despojados de sus acciones y apartados de la empresa 'de manera total y absoluta'.
Acto seguido el control, administración y gerencia de la misma pasó a manos del Estado en cabeza de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quienes hasta la fecha han ejercido la dirección..
El pasado 16 de diciembre, mediante resolución 1872, la Gobernación manifiesta la intención de caducar la concesión de la empresa y se sustentan en la teoría que Aposmar, por tener sus antiguos socios inmersos en investigación desde el 2003, el dinero que aporta para la salud afecta la moral y la ética contractual.
Aposmar cuestionó la decisión del gobernador Luis Cotes con algunos de estos interrogantes: '¿Por qué le adjudica de nuevo la concesión a la empresa Aposmar el 11 de diciembre del 2012, si la investigación contra los socios data del año 2003?'.
