La Alcaldía de Santa Marta no pudo recibir el mercado público esta mañana, debido a que la empresa que tiene a su cargo la concesión, se negó a hacerlo generando un claro desacato a una orden judicial. Ante la incomparecencia al acto oficial de entrega del inmueble, previsto para las 8:00 a.m., de este martes, se prorrogó el mismo para las 6:00 p.m.
Mediante providencia del 23 de junio pasado, el juzgado séptimo administrativo de la ciudad, le había otorgado a la Sociedad Obras y Proyectos del Caribe S.A. (la firma concesionaria) un plazo de tres días hábiles para hacer entrega material del edificio del nuevo mercado, de la antigua plaza de taxis y del predio El Pueblito.
La entrega de los tres predios, según la sentencia, debía realizarse este martes de manera pacífica y con presencia de la Policía Nacional. En este sentido, bien temprano todas las partes involucradas en el proceso asistieron a la cita, menos la concesionaria.
El alcalde Carlos Caicedo Omar consideró la posición de la Sociedad como 'un ardid de carácter dilatorio para preparar un tipo de acción que lo lleve más tarde a beneficiarse de recursos del Distrito'.
Para el mandatario una actuación así no era para sorprenderse ya que cuando se inició la acción administrativa para revisar la legalidad del contrato, la empresa nunca contestó las comunicaciones.
'La mejor prueba de esta postura es que desde el año 2009 este edificio está culminado en el 99 por ciento y sin embargo, han inventado cualquier cantidad de argumentos para nunca entregarlo ni ponerlo a funcionar', anotó el gobernante.
Una comisión conformada por la defensoría del Pueblo, Procuraduría, Policía Nacional y la Alcaldía, fue comisionada para llamar a la firma concesionaria a que comparezca y cumpla con el mandato judicial. El plazo es hasta las 6 de la tarde.
De no `presentarse, el gobierno Distrital empleará los recursos legales para poder asumir las riendas del centro de abastos.
Cabe anotar que el fallo del Juzgado Séptimo Administrativo, ordena a la Alcaldía Distrital que adopte las medidas administrativas, presupuestales, logísticas, operativas y de todo tipo, que se requieran para poner en funcionamiento las instalaciones del mercado y además que se realicen las actividades que sean necesarias para que cese la violación de los derechos colectivos.
