El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, presentó acción popular ante las autoridades judiciales del Magdalena para terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento suscrito en noviembre de 1989 entre el Distrito y la empresa Metroagua S.A. E.S.P., para la operación del sistema de acueducto y alcantarillado.
La demanda está basada en la presunta ilegalidad derivada del contrato porque de acuerdo con las normas vigentes, para 1989, la administración no podía contratar directamente con la empresa el arrendamiento de la infraestructura del acueducto sino que debía tramitar una licitación pública para suscribir una concesión de servicios públicos.
Además, la duración del arrendamiento, según Decreto Ley 222 de 1983, no podía tener un plazo superior a cinco años, no obstante mediante otros sí que se les hicieron al contrato, fue prorrogado por gobiernos anteriores'. En estas circunstancias ya lleva más de 26 años de vigencia.
Señala el mandatario en la acción popular, que también las anteriores administraciones locales, renunciaron a percibir cánones de arrendamiento de tales bienes y que peor aún, 'pactaron que todas las inversiones que hiciera Metroagua en la infraestructura del servicio, eran de su propiedad y debían ser pagadas por la Alcaldía de Santa Marta a pesar que la mayor parte se ha hecho con recursos públicos'.
Las peticiones
En la acción popular el Distrito pide a los jueces que se declare que con la suscripción del contrato de arrendamiento, el Distrito de Santa Marta y Metroagua violaron los derechos colectivos de moralidad administrativa y patrimonio público.
En consecuencia, como forma de protección de los derechos colectivos, se ordene la terminación judicial anticipada del contrato de arrendamiento de 27 de noviembre de 1989 y se ordene su liquidación en el estado en que se encuentre. También se busca que Metroagua entregue la infraestructura del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo la información, contratos, documentos, activos y en general lo que sea indispensable para garantizar la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, en el tiempo prudencial que sea fijado por el juzgado, tanto en medio físico como en medio magnético.
El alcalde busca que Metroagua reconozca el pago a favor del Distrito de Santa Marta de las regalías a las que tiene derecho por ser el propietario de la infraestructura necesaria para que prestara el servicio desde 1989.
Además, que se declare judicialmente que el Distrito no debe reconocer suma o valor alguno por concepto de mejoras o inversiones económicas y de todo orden efectuadas en tales bienes para la prestación de tales servicios por parte de Metroagua.
Caicedo pretende que se le faculte para retomar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad, adoptando las medidas legales. 'Luego de un juicioso estudio jurídico, hemos llegando a la conclusión que el contrato de arrendamiento no solo es ilegal sino que además se puede constituir en una fuente injusta de enriquecimiento a favor de los accionistas de la compañía', precisó Caicedo.
