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 El alcalde distrital, Rafael Alejandro Martínez, anunció que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría y si es del caso, a los jueces para acceder a la información que Metroagua le niega, y que necesita para avanzar en un nuevo operador. El contrato de concesión vence en abril del 2017.

Para estructurar la operación de los servicios a partir del año entrante, Martínez solicitó desde febrero a la empresa, información comercial, administrativa y relación de activos.

El mandatario de los samarios dijo que consultará con su equipo jurídico si previa revisión de los alcances del contrato, este se pudiere liquidar antes de su finalización. 'No me temblará la mano para hacerlo', aseveró.

Con lo que quizás no contaba el ejecutivo distrital era que mediante una medida cautelar, que le fue notificada el lunes pasado, y que fue promovida ante la Superintendencia de Sociedades, se le exige abstenerse de solicitar información alguna a la empresa en mención bajo el pretexto de 'confidencialidad'.

'Metroagua lo que busca es atornillarse en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, el cual es pésimo, ineficiente, costoso e inconstante', anotó Martínez.

BURLA. El mandatario se mostró contrariado ante la respuesta de Metroagua a su petición y señaló que lo que ha recibido es un trato irrespetuoso, hasta el punto, de exigirle notificarse como cualquier usuario en las oficinas de atención al cliente.

Esta actitud de la empresa fue considerada por Martínez como 'desafiante, irrespetuosa y burlona'.

'Quiero que Metroagua entienda que a la administración y a los samarios se les respeta y que por mucho poder económico y mediático que tengan, no vamos a descansar hasta que se vayan y entienda que del pueblo samario nadie se burla'.

LA HISTORIA. Martínez recordó que 1989 cuando quedó constituida la sociedad de economía mixta denominada Metroagua S.A E.S.P., en la que habría participación accionaria de la Alcaldía y de otros particulares, fueron entregados en arriendo todos los bienes que conformaban el sistema de operación de acueducto y alcantarillado de la ciudad a cambio de un pago mensual.

Martínez dijo que se entregó el contrato a dedo cuando debían hacerlo por licitación. 'Eliminaron el canon mensual de arrendamiento y el Distrito se privó de recibir una renta por ser el dueño de la infraestructura; el Distrito se comprometió a invertir en esa empresa todos los dineros de su presupuesto para hacer obras que al final también beneficiarían el bolsillo de los dueños de Metroagua y se pactó que toda inversión o mejora que hiciera la empresa a la infraestructura, tendría al final del contrato que pagarla el Distrito.

Pero además –agregó– se entregó el contrato por más de 5 años, cuando la ley dice que no era lícito asignar este contrato por más de ese tiempo, hasta el punto que terminará con un plazo de ejecución de 28 años'.