Otro lío le surge a la enredada construcción de la Vía de la Prosperidad, entre Palermo y Guáimaro, Magdalena. Ahora, la propia Gobernación, cuestionada en su momento por la exministra Cecilia Álvarez-Correa por presuntas irregularidades en la adjudicación del multimillonario contrato, ordenó iniciar un proceso contra el Consorcio Ribera Este, constructor de la obra.
En un comunicado, dado a conocer el Día de las Velitas, la gobernadora Rosa Cotes informó que desde junio requirieron al contratista para que entregara el Diagnóstico ambiental de alternativas y el Plan de inversiones, documentos calificados como de 'alto valor estratégico, técnico, financiero, administrativo y contable', pero a la fecha el consorcio, cuyo representante legal es Gary Espitia, ha 'incurrido en incumplimiento'.
Recuerda Cotes, tía del exgobernador Luis Miguel Cotes y quien adjudicó la obra, que en agosto visitaron la obra con el director del Invías, Carlos García Montes, y comprometieron al contratista a entregar los primeros cuatro kilómetros pavimentados en diciembre, sin embargo 'cuatro meses después no han ejecutado los trabajos'.
El Consorcio Ribera Este lo integran Assignia Infraestructuras, sucursal Colombia; Compañía de Servicios y Negocios, Constructora FG y Consultores del Desarrollo.
Proceso sancionatorio
Con base en que 'todos estos hallazgos' han sido 'documentados y soportados' por el Consorcio ICI, responsable de la interventoría del Contrato 617, Cotes reveló que ordenó al Gerente de Proyectos, al Jefe de la Oficina Jurídica y los asesores legales de la Gobernación que inmediatamente inicien el trámite correspondiente para abrir un 'proceso administrativo sancionatorio en contra del Consorcio Ribera Este, en procura de lograr el cumplimiento del cronograma de obra'.
Tras señalar en el comunicado que solicita el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, para intentar superar los 'inconvenientes' que en materia de trazado y alcance de metas contempla actualmente la obra, la mandataria magdalenense exige a Ribera Este que revise de manera 'inmediata el costo de transporte de material que requiere la Vía de la Prosperidad' con el fin de buscar alternativas 'menos onerosas', como abastecerse desde sitios más cercanos, dado que se trata del concepto que tiene 'mayor peso financiero' en la ejecución de esta importante obra, y a precios actuales puede 'reducirse sustancialmente', señala.
Ya negaron adición
En un informe, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, incluyó a la Vía de la Prosperidad en el listado de obras que en el país están en alto riesgo de incumplimiento, concepto que fue revalidado por el contralor general, Edgardo Maya Villazón, quien, además, advirtió que es 'urgente' determinar qué está pasando.
El costo total de la carretera es de $466.900 millones, de los cuales el Magdalena aporta $200.000 millones y el resto el Gobierno Nacional a través del Invías.
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Hasta mediados de año habían invertido $173.000 millones, aproximadamente, según los informes financieros conocidos.
Ante el retraso de los trabajos y la solicitud de más recursos, el Invías reportó que no iba a desembolsar un peso más hasta aclarar lo que estaba pasando; al tiempo que el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó que tampoco adicionarían recursos.
En julio, Vargas citó a su despacho al contratista y a la gobernadora Cotes, pero incumplieron. Esto sacó de casillas al vicepresidente, quien, a través de Twitter, reclamó por la impuntualidad de los convocados.
Al final la reunión se cumplió en el despacho de la viceprocuradora general (hoy procuradora encargada) Martha Castañeda Curvelo, sin llegar a nada concreto.
La vía, que debe ser entregada asfaltada, tiene una extensión de 52,6 kilómetros. Hoy no hay un solo metro listo. Comenzó a construirse el 1 de mayo de 2015.
Comunicado
Convocan Mesa de Consulta
En medio de los enredos de la construcción de la Vía de la Prosperidad, la Gobernación del Magdalena pidió convocar una Mesa Nacional de Consulta para analizar en detalle la crisis de la obra. La gobernadora Rosa Cotes dijo en el comunicado que, además de la Administración departamental, al análisis deben asistir la vicepresidencia de la República, responsable de las obras de infraestructura del país, el Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría, la Contraloría General, el Invías, el Consorcio Ribera Este, la firma interventora ICI y los congresistas del Magdalena. 'El objetivo es que cada una de las partes tome las medidas correspondientes que permitan continuar con el proyecto y llegar a feliz término poniendo en servicio esta obra que tanto requiere la gente, porque creemos que con la voluntad y la colaboración de todos, lo lograremos', indica el comunicado.
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