El Juzgado Tercero Administrativo decretó medida cautelar de urgencia en contra de Metroagua, filial de Inassa que pertenece a la empresa española Canal Isabel II, y ordenó que devuelva la red de acueducto y alcantarillado a la ciudad el próximo 17 de abril, fecha para cual se vence el contrato de concesión hoy existente.
La medida, que obedece a una acción popular radicada en dicho juzgado por el ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, y respaldada con sus firmas por más de 230.000 samarios, obliga a Metroagua a sentarse con funcionarios de la Alcaldía para iniciar el empalme y la entrega de la infraestructura, que entre otras cosas, le pertenece a la administración de la ciudad.
Lea también: Samarios protestan contra el mal servicio de Metroagua
En un acto cumplido en el Parque de Bolívar, frente a la sede de la empresa, Caicedo dio a conocer la noticia, aseverando que con el fallo 'se escuchó el clamor de la comunidad'.
'Se hizo justicia y se reivindica el derecho de tener agua potable y vivir en un ambiente sano', anotó el exmandatario.
El fallo
En su decisión, el juzgado ordenó entregar a la fecha de terminación estipulada en el contrato de arrendamiento, esto es el 17 de abril de 2017, toda la infraestructura, bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santa Marta, que fueron entregados en arriendo a dicha sociedad.
'Esta primera orden es un gran alivio para la ciudad, puesto que Metroagua exigía como condición para entregar las redes el pago de 60.000 millones de pesos y sin ella, estaba en vilo la prestación de los servicios a partir del 18 de abril de 2017', anotó Carlos Caicedo ante los medios.
La segunda decisión importante es que el juzgado, también ordenó que, en un término máximo de 10 días, Metroagua le entregue al Distrito toda la información actualizada de todos los bienes muebles e inmuebles que están destinados para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
Analistas señalaron que este es otro espaldarazo para la Alcaldía puesto que desde la administración pasada Metroagua se había negado a reportar y entregar información.
'Ha sido una decisión sin precedentes en el país en la lucha por mejores servicios públicos', precisó el promotor de la acción popular que llevó a la justicia a decidir.
'Nuevamente triunfa el interés público', puntualizó Carlos Caicedo.
Metroagua tiene en su poder desde 1991 las redes de acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena bajo la modalidad de arriendo amparado, en un contrato en el que se quedaban con el recaudo, no tenían responsabilidad de invertir en infraestructura y estaban exonerados de pagar por la tenencia de las redes.
Como se recordará, la retoma de la prestación de los servicios de acueducto en la ciudad, por parte de la administración actual, estaba en vilo por cuenta de una estipulación contractual pactada en septiembre de 2002 entre la Alcaldía y Metroagua, que le daba a esta última el derecho a retener las redes hasta tanto el Distrito no pagará la totalidad de las inversiones efectuadas por la empresa operadora.
Esa misma cláusula autorizaba a Metroagua para que siguiera explotando bienes públicos y prestando los servicios, hasta tanto la Alcaldía no pagara la indemnización que asciende a 58.000 millones de pesos.
