La Superintendencia de Sociedades desestimó una demanda que contra el Distrito de Santa Marta había presentado la empresa Metroagua, aduciendo que el ente territorial estaba incumpliendo sus deberes como miembro de la junta directiva de la compañía.
En específico, se refería a una acción popular promovida por la alcaldía para buscar la entrega pacífica y pronta de toda la infraestructura del servicio de acueducto y alcantarillado y la terminación judicial anticipada del contrato de arrendamiento.
Tras el análisis de rigor, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Supersociedades no validó la demanda al considerar que el Distrito de Santa Marta no se valió de su posición como administrador de la compañía para acceder y usar indebidamente información social privilegiada, ni tampoco se demostró que hubiera actuado para proteger intereses económicos contrarios a los de la empresa.
'No parece claro, entonces, que el Distrito de Santa Marta haya promovido una campaña directamente encaminada a perjudicar los intereses de Metroagua S.A. E.S.P.', dice la Supersociedades en el pronunciamiento.
Agrega que 'la calidad de administrador que el Distrito ostentaba al interior de Metroagua, no era razón para que desatendiera sus deberes constitucionales y legales'.
Por tanto, agrega, 'no podría exigírsele que se abstuviera de escuchar a la comunidad que representa, pues ello sería contrario a la naturaleza de sus funciones'.
El fallo condena en costas al demandante y le obliga a reconocer agencias en derecho a favor de los demandados por dos salarios mínimos legales.
El pasado 16 de febrero Metroagua había tenido otro revés, luego que el Juzgado Tercero Administrativo decretara medida cautelar de urgencia en su contra y ordenara la devolución de la red de acueducto y alcantarillado a la ciudad el próximo 17 de abril, fecha para cual se vence el contrato de concesión hoy existente.
La medida, que obedece a una acción popular radicada en dicho juzgado por el ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, y respaldada con sus firmas por más de 230.000 samarios, obliga a Metroagua a sentarse con funcionarios de la Alcaldía para iniciar el empalme y la entrega de la infraestructura, que entre otras cosas, le pertenece a la administración de la ciudad.
