Un nuevo episodio en la controvertida obra de la Vía de la Prosperidad, se cumplirá mañana al ser citado el contratista a una audiencia especial, convocada por la Gobernación del Magdalena en el marco del proceso administrativo sancionatorio que le abrió desde febrero pasado, por incumplimientos.
EL HERALDO conoció que en oficio dirigido a Gary Espitia Camargo, representante legal de la firma Ribera Este (contratista) a la empresa ICI, interventora de los trabajos y a las compañías Mundial de Seguros y Liberty Seguros, el jefe de la oficina jurídica del Departamento, Eduardo Rodríguez Orozco, se les notificó que la reunión se llevará a cabo en su despacho, a partir de las 2:00 p.m.
Aquí se leería y notificaría la decisión tomada, luego de cumplido con los pasos de rigor que estos procedimientos administrativos requieren.
Es de recordar que el 7 de diciembre del 2016, en un comunicado, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, anunció la apertura del proceso de la referencia, debido a que para esa fecha, el consorcio Ribera había incumplido la entrega del diagnóstico ambiental de alternativas y el plan de inversiones, documentos calificados. De igual manera había fallado al compromiso de entregar los primeros 4 kilómetros pavimentados. El consorcio Ribera Este lo integran las empresas, Assignia Infraestructuras, Compañía de Servicios y Negocios, Constructora FG y Consultores del Desarrollo.
LOS PASOS
El 17 de febrero de 2017 fue cuando la Gobernación envió la citación al contratista para darle curso a la audiencia especial en el marco del procedimiento para la imposición de multa por incumplimiento. La instalación de esta fue programada para el 3 de marzo, pero solicitud del contratista se reprogramó para el 24 del mismo mes, sin embargo, esta fecha fue nuevamente cambiada para el día 31 por solicitud de las empresas Mundial de Seguros y Liberty Seguros.
El 31 de marzo se realizó la instalación de la audiencia especial pero se suspendió, ordenándose la práctica de una diligencia en terreno para el recaudo de pruebas. Dicha diligencia quedo fijada para el 19 de abril.
Ese día se llevó a cabo la diligencia de práctica de pruebas en terreno con presencia de funcionarios de la Gobernación del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías, el consorcio Ribera Este, el consorcio ICI y las empresas Mundial de Seguros y Liberty Seguros.
A mediados del año pasado, tras las críticas del DNP sobre la mala estructuración del proyecto, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, había ordenado incluir dentro del plan de vigilancia fiscal las obras de la Vía a la Prosperidad.
Dijo en ese momento el alto funcionario, que este proyecto, que tiene un costo total de $446.900 millones , 'se considera en alto riesgo de incumplimiento'.
La vía fue adjudicada desde el 12 de agosto del 2013 cuando estaba al frente el exgobernador Luis Miguel Cotes, pero la entonces ministra de Transporte, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, pidió suspender la licitación por presuntas irregularidades en el proceso.
En 2013 la Corte Constitucional ordenó, como medida provisional, la suspensión de la obra. Cotes enfrentó un proceso disciplinario en la Procuraduría que se resolvió a su favor, y la Corte dio vía libre al proyecto en diciembre de 2014 y las obras se reanudaron en mayo de 2015.
