Con multa de $14.000 millones, equivalentes al 3 por ciento del valor total del contrato, la Gobernación del Magdalena castigó al consorcio Ribera Este, constructor de la polémica obra de mejoramiento de la carretera Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro, denominada Vía de La Prosperidad.
La sanción se hizo oficial mediante la resolución No. 0822 de este martes, luego que se cumpliera la audiencia especial convocada por la administración departamental en el marco del proceso sancionatorio que se inició en febrero pasado por incumplimientos en el cronograma de entrega de trabajos.
Según explicó Eduardo Rodríguez, jefe de la oficina jurídica del ente territorial, el valor de la multa 'está ajustada a las normas, en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad'.
La medida se toma por los retrasos en los tiempos de ejecución, pero sin que se comprometa la calidad del proyecto.
Contra la resolución referida procede el recurso de reposición, el cual fue interpuesto, de forma independiente, por el Consorcio Ribera Este y por las aseguradoras Mundial de Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A, convocadas a la audiencia.
En virtud de lo anterior, el asesor jurídico de la Gobernación, concedió un plazo de dos semanas a los interesados para presentar el recurso.
De esta forma la decisión queda bajo efecto suspensivo hasta que los argumentos de la empresa sean estudiados y resueltos. La audiencia se reanudará el martes 25 de julio a las 10:30 de la mañana
Este proceso comenzó el 17 de febrero, a instancias del artículo 86 de la Ley1474 del 12 de julio de 2012, cuando fueron citadas las partes para debatir lo ocurrido, sobre la base de las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y garantía para la adecuada ejecución de la obra.
El proceso
El 7 de diciembre del 2016, en un comunicado, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, anunció la apertura del proceso administrativo sancionatorio, debido a que para esa fecha, el consorcio Ribera Este había incumplido la entrega del diagnóstico ambiental de alternativas y el plan de inversiones. De igual manera había fallado al compromiso de entregar los primeros 4 kilómetros pavimentados.
El 17 de febrero de 2017 fue cuando la Gobernación envió la citación al contratista para darle curso a la audiencia especial en el marco del procedimiento para la imposición de multa por incumplimiento. La instalación de esta fue programada para el 3 de marzo, pero solicitud del contratista se reprogramó para el 24 del mismo mes, sin embargo, esta fecha fue nuevamente cambiada para el día 31 por solicitud de las empresas Mundial de Seguros y Liberty Seguros.
El 31 de marzo se realizó la instalación de la audiencia especial pero se suspendió, ordenándose la práctica de una diligencia en terreno para el recaudo de pruebas. Dicha diligencia quedo fijada para el 19 de abril.
Ese día se llevó a cabo la diligencia de práctica de pruebas en terreno con presencia de funcionarios de la Gobernación del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías, el consorcio Ribera Este, el consorcio ICI y las empresas Mundial de Seguros y Liberty Seguros.
El contrato de la vía por valor de $466 mil millones, fue adjudicado desde el 12 de agosto del 2013 cuando el exgobernador Luis Miguel Cotes, pero la entonces ministra de Transporte, la cienaguera Cecilia Álvarez-Correa, pidió suspender la licitación por presuntas irregularidades en el proceso.
En 2013 la Corte Constitucional ordenó, como medida provisional, la suspensión de la obra. Cotes enfrentó un proceso disciplinario en la Procuraduría que se resolvió a su favor, y la Corte dio vía libre al proyecto en diciembre de 2014 y las obras se reanudaron en mayo de 2015.
El consorcio Ribera Este lo integran las empresas, Assignia Infraestructuras, Compañía de Servicios y Negocios, Constructora FG y Consultores del Desarrollo.
