La adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Magdalena, por monto de $22.786 millones, fue cuestionada por uno de los consorcios que participó en la licitación, argumentando que se hizo con inconsistencias que no fueron observadas por el comité evaluador.
Esta contratación brindará raciones alimentarias hasta finalizar el presente año escolar a 122.451 estudiantes de 600 sedes educativas en 28 municipios.
Unión Temporal PAE Magdalena 2017 fue la firma favorecida con puntaje de 1.000, por encima de Consorcio por un Magdalena Comprometido con los Niños, Unión Temporal Pronutrimos Sierra nevada 2018 y la Unión Temporal PAE Magdalena Social 2017, la que hoy busca que el proceso caiga.
Robert Stivenson Duarte Guarín, en calidad de representante legal de esta última, presentó denuncia ante el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos González y solicitó ante la Gobernación del Magdalena la revocatoria del acto de adjudicación.
El peticionario sostiene que la propuesta ganadora no cumplía con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones en lo que respecta con equipo de transporte y bodegas.
Duarte Guarín expone que en la relación de vehículos para el transporte de alimentos (seis en total), hay fallas como no presentar certificados sanitarios vigentes y no aportar la carta de intención del propietario del vehículo para poner y tener disponibilidad del 100 por ciento del carro durante el tiempo de ejecución del contrato.
Igualmente cuestiona el punto de las bodegas, pues el contrato indica que la empresa deberá certificar que posee mínimo cinco, las cuales deben estar ubicadas en diferentes municipios del Departamento, con una principal en Santa Marta.
Denuncia que aquí hay fallas, como por ejemplo, que el contrato indica que se está arrendando una bodega, pero en el folio de matrícula se dice que es una casa lote o habitable; además, agrega, 'no se identifica el inmueble plenamente, en razón que no está consignado el folio de matrícula inmobiliaria y la referencia catastral no puede ser verificada'.
Arnulfo Molina, uno de los veedores que participó en el proceso de adjudicación, dijo que la Gobernación 'está en serios aprietos porque se adjudicó un contrato sin el lleno de los requisitos dado que se presentaron inconsistencia por el comité de evaluación'.
Por su parte, Carlos Payares, gerente del PAE en Magdalena, manifestó estar 'asombrado'. 'No entiendo lo que argumentan, pues todo el proceso transcurrió transparente y participativamente', anotó. Dijo que 'todas las observaciones que ingresaron por las veedurías fueron respondidas y están colgadas en el Cecop, donde se publican todas las etapas de la contratación'.
Explicó que la ley expresa que cuando sea requisito habilitante estos pueden ser subsanados o reemplazados, incluso el mismo día de la audiencia y que la única manera que la ley no permite es cuando sean requisitos ponderantes, es decir, que dan puntajes.
'En este caso la bodega y el transporte no emitían puntos algunos era solo requisito habilitante', explicó.
