La Contraloría estableció hallazgos fiscales por más de $4.521 millones en el ‘elefante blanco’ de la sede de la ESAP en Santa Marta, un edificio que debía terminarse en 2012 pero que sigue en obra negra, fundamentalmente 'porque no cuenta con normas de sismorresistencia'.
EL HERALDO conoció el informe de autoría del ente de control fiscal, emitido en junio pasado en 198 páginas, en el que se pone de presente el incumplimiento de Fonade, que tiene a su cargo la gerencia del proyecto, pero que 'recibió las obras de la sede a pesar de no contar con las normas de sismorresistencia'.
La obra, ejecutada por el Magdalena con recursos del Presupuesto General de la Nación, se pactó en el contrato interadministrativo 052 del 29 de diciembre de 2011 entre la ESAP y Fonade, a través del cual la Escuela Superior de Administración Pública le entregó al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo la gerencia del proyecto de construcción, que tenía un plazo de ejecución de 12 meses pero que ha sido prorrogado en cinco oportunidades, por lo que vino a ‘terminarse’ el 15 de noviembre de 2014.
'A pesar de que las obras no habían sido avaladas por la ESAP, Fonade sí las recibió', advierte la auditoría, y agrega que además de no ser sismorresistente, 'se encontraron elementos estructurales con daños en las placas, y las vigas con deformidades y abultamientos'.
Señala el ente de control que las irregularidades tienen como presuntos responsables al entonces subdirector administrativo y financiero de la ESAP, Germán Insuasty Mora; al subgerente financiero de Fonade, Luis Eduardo Laverde Mazabel; a la firma interventora, DPC Ingenieros SAS, y al contratista, Óscar Daniel Garzón Forero.
En marzo pasado, la Contraloría visitó la obra y constató que los trabajos de esa primera fase 'se encontraban suspendidos pese a que en la vigencia de 2015 la ESAP suscribió el contrato 378 de 2015, para culminar la segunda fase'.
Y concluye el informe que en la sede samaria de la ESAP 'hubo deficiencias de supervisión e interventoría, así como inobservancia de las normas técnicas indicadas, y genera afectación al patrimonio, por un lado, equivalente a la suma del contrato de obra por 4.140 millones de pesos, debido a que toda la estructura de contrapiso presenta fallas que no han permitido la terminación del proyecto con la oportunidad que se requería para la prestación del servicio a la comunidad educativa, y de otra parte en cuantía de 381 millones por concepto del contrato de interventoría, al recibir la obra con las deficiencias técnicas mencionadas, para un total de 4.521 millones de pesos'.
En marzo pasado, estudiantes y veedores habían denunciado las anomalías y las demoras para la entrega de la obra, y la ESAP respondió que tras un estudio de consultoría se determinó que el edificio era viable con unos trabajos de reforzamiento, pagados por Fonade, entidad a la que la Escuela demandó por cerca de 8 mil millones de pesos, por los gastos ocasionados.
No obstante, fuentes de la Contraloría le dijeron a este diario que si la edificación no es sismorresistente, básicamente habría que empezar casi que de cero.
La ESAP aseguró que las obras de reforzamiento se reanudarían en junio y que durarían siete meses.
Finalmente, no deja de preocupar que, con este antecedente, actualmente Fonade y la ESAP ejecuten un convenio por 126 mil millones de pesos para construir las otras sedes en Barranquilla, Armenia, Tunja, Medellín y Cali.
Fonade, ojo del huracán
Fonade es reconocido por ser el fortín burocrático del senador de La U Bernardo ‘Ñoño’ Elías, investigado por el escándalo de Odebrecht. Así mismo, el ex magistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, del ‘cartel de la toga’, tiene con el ente tres contratos por 700 millones de pesos. Además, Yara Malo, hija del magistrado de ese tribunal Gustavo Malo, supuestamente cobraba por nombramientos en dicho Fondo Financiero.
