El informe de la Contraloría General de la República, CGR, relacionado con los casos de ocupación de playas y destrucción de ecosistemas en Pozos Colorados, asociados a la construcción ilegal de inmuebles, fue considerado por ambientalistas como 'el despertar de un letargo de ocho años'.
Hay quienes sostienen, además, que 'es el asomo de la justicia, en un hecho que parecía ir camino a la impunidad'.
El abogado Alejandro Arias, dio el campanazo de alerta desde el año 2009, al denunciar públicamente la irregularidad que se presentaba a causa del licenciamiento y construcción ilegal de los edificios Cabo Tortuga y Sierra Laguna, en Pozos Colorados.
Pero fue en el 2013 cuando se radicaron las denuncias ante la CGR y la Fiscalía General de la Nación, sumado a varias acciones populares de la Dimar ante Jueces Administrativos de Santa Marta.
Esta denuncia ante la Fiscalía se hizo por el posible detrimento patrimonial debido a la apropiación de territorios públicos de la Nación y la comisión de delitos contra los recursos renovables, en el que habría incurrido la Sociedad Promotora Caribbean Internacional S.A., dueña de las construcciones en mención.
'Esperamos que las responsabilidades penales se reflejen en las sanciones que correspondan', anotó el jurista y también periodista. EL HERALDO intentó dialogar con representantes de la firma cuestionada, pero la comunicación con la oficina central en Bogotá fue en vano.
Curadurías
Por su parte el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental-Dadsa, a través de su director Jaime Avendaño, dio a conocer su apoyo incondicional y diligente en la tarea que adelanta la Contraloría.
'Todo se origina por la forma en que se están dando las licencias de construcción por parte de las curadurías', anotó.
El titular del ente rector del ambiente en el Distrito, le hizo un llamado a la Contraloría, para que 'revise el ejercicio de las Curadurías Urbanas', precisó.
A su turno el titular de la Dimar en Santa Marta, capitán de fragata, José Manuel Plazas Moreno, aseveró que la 'entidad viene cumpliendo con sus competencias, y de manera específica en la ocupación ilegal de zonas de playa'.
La CGR se refirió a los edificios Cabo Tortuga y Sierra Laguna, que han generado enormes daños ambientales al Lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de 9 mil metros cuadrados.
También cuestionó a los constructores del edificio Sierra Beach Resort, además, vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes.
