El juez 8° Penal Municipal con función de control de garantías, Gabriel Modesto Ospino Guzmán, ordenó la libertad del suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y de su antecesor Carlos Caicedo Omar al considerar que los argumentos del abogado Iván Cancino fueron más convincentes que los del fiscal que había solicitado medida de aseguramiento intramural.
A las 7:00 de esta noche los procesados salieron del edificio de audiencias y dieron a conocer la noticia en medio de simpatizantes que los esperaban desde la mañana.
'El fiscal en su acusación no mostró pruebas que refrendaran los señalamientos', sostuvo Cancino. Trascendió que en el desarrollo de la audiencia hubo tonos altos y airados.
'Estamos tristes por esto que está pasando, estamos profundamente dolidos pero a pesar de ello nos vamos a mantener firmes', señaló por su parte Caicedo Omar.
Recalcó que todo lo ocurrido ha sido un 'ardid político'. 'Contra el alcalde se ha hecho un montaje para suspenderlo del ejercicio de la Alcaldía, por parte de sectores políticos en el Magdalena', precisó.
El alcalde Rafael Martínez recordó que su captura y la de Carlos Caicedo había sido anunciada por ellos.
'Lo denunciamos, lo señalamos, sabíamos que estaban en proceso de investigación. Dijimos que preparaban un show y órdenes de capturas… lo dijimos de todas las maneras. Incluso, mandamos oficios al fiscal general de la Nación', anotó.
Martínez pidió a partir de este momento garantías y consideró desacertado que el fiscal haya llegado a la audiencia 'sin una prueba de sus acusaciones y haya solicitado medida de aseguramiento con cárcel y penas superiores a ocho años'.
'Esta persona nos deja preocupados, porque él solo lleva diez casos más contra este servidor ', dijo.
La audiencia de medida de aseguramiento comenzó a las diez de la mañana y, tras un receso al mediodía, se reinició a las tres de la tarde para finalizar tres horas después.
El proceso contra ambos dirigentes hace parte de una investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación y cuyo titular Néstor Humberto Martínez había anunciado desde Santa Marta.
Consistió en presuntas irregularidades en el proceso de contratación de los puestos de salud de los barrios La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y del IPC La Candelaria, celebradas entre octubre de 2014 y enero de 2015, durante la administración de Caicedo, a través de la ESE Alejandro Próspero Reverend, por valor de 6.537 millones de pesos.
Otros en libertad
También fueron dejados en libertad Carlos Fabián Slebi Palacio, interventor de uno de los dos contratos cuestionados; Jesús Enrique Navarro Brito, contratista del mismo contrato; Édgar Charris Salcedo, gerente encargado de la ESE Próspero Reverend y Gregorio Antonio Domínguez Fonseca, gerente de la misma ESE.
Caicedo había sido capturado el martes en momentos en que se disponía viajar a Bogotá para presentar su inscripción como candidato a la Presidencia de la República. Una hora después fue detenido el suspendido alcalde Martínez, a la salida de una emisora local.
