El director seccional de fiscalías del Magdalena, Vicente Guzmán, será recusado por los abogados del suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez y de su antecesor, Carlos Caicedo, luego que - según sostienen - quedara en evidencia su afán de llevarlos tras las rejas tras una rueda de prensa.
El exmandatario Caicedo manifestó que los abogados de la defensa están preparando la recusación en razón a que 'las declaraciones de Guzmán son un prejuzgamiento, ya que amenazan de manera pública'.
'Anuncia no solamente continuar en este proceso sino además nuevas órdenes de capturas por otras investigaciones en las que, entre otras cosas, no hemos sido llamados, no hemos rendido ni versión libre , ni declaratoria; tampoco se nos ha permitido saber cuáles son los reproches de las Fiscalía en cada uno de los otros casos', precisó.
Añadió que además el Director de Fiscalías se puso en evidencia al despotricar del juez por el fallo y por su conducta irregular de pretender llevar al juez a su oficina en plena audiencia.
¿Qué tipo de intereses tiene si fue a buscar una orden de captura en Cartagena y quee se trajo a un fiscal de Cartagena y le entregó, no solo el caso de los puestos de salud, sino 21 más?, preguntó Caicedo.
Indicó que el actuar del director de fiscalías 'es un abierto atropello y una flagrante violencia al principio de presunción de la inocencia, al debido proceso y al derecho de la contradicción de la prueba y la defensa'.
A su turno el alcalde Rafael Martínez, en estos momentos suspendido por la Procuraduría, dijo que lo hecho por Vicente Guzmán, 'desborda el objeto misional de la Fiscalía, pues lo que busca es sacarnos a toda costa del camino'.
'No vemos garantías, su pronunciamiento ha sido claro de llevarnos tras rejas y en la rueda de prensa se descarga contra el juez. Aquí ya hay un tema de que se está atropellando toda posibilidad del debido proceso en la legítima defensa', anotó.
Insistió en que 'hay un afán de la fiscalía por dejarnos tras las rejas'.
'Nos preocupan las faltas de garantías de esta entidad que de la noche a la mañana se ha ensañado con este sistema de gobierno', dijo.
Agregó que 'increíblemente en cuatro meses han abierto 19 procesos y eso es diciente'.
Para Martínez es inconcebible que si la acusación en el caso que se les imputa es por haber adelantado el proceso contractual y precontractual de los puestos de salud sin las licencias de construcción, es decir por la falta de un papel, se le diga que es un peligro para la sociedadque y que tenga que pagar de 8 a 12 años de cárcel.
'Esto demuestra la intencionalidad de llevarnos a la cárcel por cualquier forma', puntualizó..
