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La Corte Constitucional ordenó proteger de manera inmediata a una serie de niños que por falta de transporte adecuado y oficial, van al colegio en mulas y motos adaptadas con remolques, en Santa Bárbara de Pinto, en el Magdalena.

La medida se tomó de carácter provisional, mientras se estudia de fondo una tutela, y ordena a la alcaldía del municipio transportar de manera segura a los menores que usan cuatro rutas diferentes para llegar a los diferentes Centros de Desarrollo Infantil del lugar.

La tutela la interpuso en el 2015 el personero del municipio Luis Daniel Abril en contra de la Alcaldía, el ICBF, la Fundación para Brindar un Vivir Mejor y la Cooperativa de Transportes del Norte de Colombia, por la ausencia de transporte oficial.

Familias asumirán la responsabilidad

La situación llevó a que en febrero de 2017 se hiciera una reunión en la que se les comunicó a los padres de familia que estos tendrían que asumir la responsabilidad 'frente al transporte de moto vagón sin contar con las garantías de seguridad exigidas', entre otros.

En la medida provisional, la Corte tuvo en cuenta video y fotografías que dan cuenta que los menores se movilizan en vehículos 'cuyas condiciones pueden poner en riesgo su integridad física' y por eso ordenó el cambio inmediato del parque automotor.

Además, se ordenó a la Unidad Nacional de Protección que evalúe la situación de riesgo del personero que interpuso la tutela, pues debió desplazarse por motivos de seguridad.

Luis Daniel Abril celebró que la Corte haya intervenido por el momento y anotó que 'esperamos una decisión de fondo'.

'La misma Corte está ordenando que la Alcaldía municipal utilice el parque automotor que ellos tienen, pero en realidad no existe. Es más, creo que apenas hay contratado un vehículo pero para el transporte del alcalde y es insuficiente', precisó.

El personero confirmó que a raíz de este tema ha recibido amenazas. Por esta razón la Corte ofició a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que evalúe el riesgo al que se expone el funcionario y de ser necesario adopte las medidas de seguridad que sean necesarias.

En la medida provisional, la Corte Constitucional tuvo en cuenta video y fotografías que dan cuenta que los menores se movilizan en vehículos 'cuyas condiciones pueden poner en riesgo su integridad física' y por eso ordenó el cambio inmediato del parque automotor.