En los últimos días Santa Bárbara de Pinto, un municipio del Magdalena que el 23 de junio cumple su mayoría de edad (18 años) y con 12.000 habitantes, cobró notoriedad porque sus niños, por falta de transporte adecuado y oficial, van al colegio en vehículos que no brindan garantías de seguridad.
Mientras por un camino polvoriento y lleno de jamiche se les ve transitar a diario a pie, en mulos o bicicletas a quienes estudian en la institución educativa del corregimiento de Cienagueta, a 15 kilómetros de allí y hasta hace poco, en el casco urbano, motocarros transportaban apiñados a niños hacia el Centro de Desarrollo Integrado, CDI.
Una práctica que para muchos en el pueblo es quizás común y corriente, pero que para el personero municipal, Luis Daniel Abril Sinning, no es otra cosa que 'un acto de indignidad humana'.
Por eso impetró una tutela a la que la Corte Constitucional le hizo eco tras dos intentos fallidos en sendos juzgados. A través de un auto emitido con ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido, la alta instancia judicial le pidió al gobierno local proveer la seguridad en la movilidad escolar de los menores y disponer del parque automotor del municipio para satisfacer esta necesidad.
Aunque hay quienes piensan que como van las cosas 'se está bien', otros afirman que 'ya es la hora de dejar atrás las actitudes de potrero'.
Opinión de padres
Berenice, una madre de familia pinteña reconoce que sería 'súper' que su hijo fuera a la escuela en un carro confortable y hasta climatizado, pero dice ser realista con la situación actual de su pueblo en cuestión administrativa.
'Qué le van a pedir al alcalde, si no hay presupuestos para nada, aquí de vainas se sobrevive', anotó.
Manifestó tener plena convicción que 'estudiar aquí es como participar en una carrera con obstáculos a los cuales hay que sortear para poder llegar a la meta'.
El concepto de Magnolia, otra madre del pueblo, fue considerado por quienes la escucharon, como 'la opinión propia de la conformista'. 'Antes hasta en burro nos íbamos, siquiera ahora nos movilizamos en motocarro… peor es na', mencionó la ama de casa.
'Aquí hace falta voluntad política, si la hubiera nuestros hijos tuvieran una mejor calidad de vida', interpeló el campesino Carlos Anaya Benavides.
Las anteriores aseveraciones reflejan la división conceptual de la comunidad, frente a un tema que hoy acapara la atención de los magistrados de la Corte.
Personero y alcalde
El personero, Luis Daniel Abril, considerado la ‘piedra en el zapato’ de la Administración municipal, asegura que si bien este transporte escolar ha sido un problema histórico, es hora de dejarlo atrás.
Afirma que le preocupa que 'el único argumento de la Alcaldía sea que antes también era así, como si no pudiésemos avanzar en el tiempo'.
'Cuando se habla del estado social de derecho se refiere a que esas condiciones humanas deben mejorar y aquí el Estado es el municipio, por tanto debe actuar y entender que los niños son sujetos de especial protección', precisó.
Alberto del Castillo, asesor del gobierno, dijo que lo enunciado por la Corte en lo atinente a recurrir al parque automotor de la Administración para movilizar a los educandos, es impracticable e imposible de cumplir. 'La razón es sencilla: la Alcaldía no tiene ni siquiera motos'.
A ello el ejecutivo municipal, Ricardo Andrade Martínez, sostuvo que lo enunciado por la honorable Corte, 'le da la oportunidad a la Administración de exigirle al Gobierno Nacional que le provea los recursos necesarios que le permitan brindar el servicio adecuado a los estudiantes'.
Del Castillo –por su parte– denunció que el personero ha emprendido una acción permanente en contra de la gestión del alcalde, dándole el calificativo de saña, pero igualmente denunció que 'ha politizado el cargo'.
'El que ha prolongado en el tiempo la crisis del transporte escolar es el alcalde', reaccionó Luis Daniel Abril, el personero.
