En el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el presidente Iván Duque hizo la entrega protocolaria este jueves de 75 nuevos municipios -5 de ellos en el Caribe- y dos departamentos, Quindío y Magdalena, como libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados.
Las localidades de la Costa en esta condición son Pueblo Bello, Cesar; Ciénaga de Oro y Montería, en Córdoba y Ciénaga y Plato, en Magdalena.
En el acto, que se llevó a cabo en el municipio de Icononzo, Tolima, se informó que la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército entregó 1’209.543 metros cuadrados libres de sospecha de minas antipersonal, lo que beneficia directa e indirectamente a cerca de un millón de pobladores.
Así las cosas, con los 75 municipios, el país completa 346 municipios libres de sospecha, de los 693 que registraban algún tipo de contaminación; es decir, cerca del 50 por ciento del total estimado.
De esta forma, de los 346 municipios libres de sospecha de minas antipersonal en Colombia, la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército ha entregado 166 municipios.
Además, a esta cifra se suman otros cinco municipios por parte de la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina, Aedim, y tres municipios más por la Organización Civil de Desminado Humanitario The Halo Trust.
Y, adicionalmente, los 172 municipios restantes han sido declarados libres de reporte por parte de las autoridades locales y nacionales.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, actualmente se están interviniendo con desminado humanitario 158 municipios más por parte de las organizaciones acreditadas por el Gobierno Nacional para realizar operaciones de este tipo.
JEP recibe informe sobre minas
También este jueves, la organización Mil Víctimas, que reúne a miembros del Ejército Nacional que fueron víctimas de las minas antipersonal, le entregó a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el informe ‘La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc’, que da cuenta de las afectaciones causadas por estos explosivos y que empleó este grupo guerrillero durante el conflicto armado.
'El uso de minas antipersonal es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es decir, un crimen de guerra que es investigado y será sancionado por la JEP', se lee en el comunicado.
Según la investigación presentada ante esta jurisdicción, 7.413 militares fueron víctimas de estos artefactos. En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Arauca fue donde hubo más casos reportados.
Al respecto, el general Javier Ayala, jefe del departamento Jurídico del Ejército, dijo que 'con esta entrega, la Organización Mil Víctimas y el Ejército Nacional buscan visibilizar a los militares víctimas de minas antipersonal y a sus familias'.
Entre tanto, el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, dijo que el informe es un insumo muy valioso que brinda 'elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones'.
A su vez, Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió sus piernas por minas antipersonal en el año 2000, expresó que los militares víctimas de estos hechos confían en la no repetición de lo sucedido y esperan que no haya impunidad: 'Esperamos que hechos como estos no se sigan repitiendo en Colombia. No queremos más víctimas de minas antipersonal'.
