El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, José Alfredo Gutiérrez, ordenó la libertad del alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, investigado por presuntos actos de corrupción en la contratación de los puestos de salud y quien permanecía bajo detención domiciliaria.
La diligencia se cumplió en la tarde de este lunes en una de las salas del edificio Benavides Macea, en el centro de Santa Marta, el cual permaneció custodiado por miembros de la Policía Metropolitana, en aras de evitar cualquier alteración del orden público.
El abogado de Martínez, Luis Carlos Torregrosa, explicó a los medios que la medida se tomó porque las 'pruebas que presentó la Fiscalía fueron ambiguas'.
'El Juez advierte que la Fiscalía presentó elementos materiales carentes de probabilidad y determinó que Martínez no presenta un peligro para la sociedad samaria, ordenando su libertad', explicó el jurista.
A través de redes sociales, el alcalde mostró satisfacción por la decisión del togado y reiteró que todo esto se trata de 'una persecución, es una injusticia, nos quieren sacar de la Alcaldía para disponer del presupuesto y la burocracia'.
'¡Dicho y hecho! Dios es justo y hoy juez de 2da instancia nos da la razón. Terminó esta infamia, seguiremos con la frente en alto hacia delante por el bien de la ciudad', dijo Martínez.
El jurista explicó que el mandatario puede retomar este martes su cargo, después de realizar unos trámites legales con el Inpec.
El alcalde es investigado por presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Este proceso se relaciona con supuestos actos de corrupción detectadas en la contratación de obras de construcción y remodelación de cinco puestos de salud (Bastidas, La Paz, Taganga, Mamatoco y María Eugenia), los cuales fueron demolidos y no habrían sido levantados ni terminados en su totalidad durante el tiempo pactado para que entraran en funcionamiento.
La situación en Santa Marta
Santa Marta contó con dos alcaldes encargados, el primero fue el secretario de jurídica, Adolfo Torné, quien duró en el cargo desde el 21 de marzo hasta el 4 de abril, hasta que el presidente Iván Duque designó a su secretario de Transparencia, Andrés Rugeles Pineda, mientras seleccionaba a uno de los tres miembros de la terna que envió Fuerza Ciudadana, situación que nunca ocurrió.
Durante su periodo, Rugeles declaró la calamidad pública en Santa Marta ante la falta de agua potable e hizo alianzas estratégicas con la gobernación del Magdalena, como la organización de la Fiesta del Mar.
Se espera que este martes Martínez atienda a los medios de comunicación y explique cómo afrontará los próximos meses, debido a que su predecesor declaró insubsistente a todo su gabinete.
