Esbozando una leve sonrisa que revela el paso del tiempo en su rostro, Pedro Vargas Manga, de 79 años, asegura que a su edad el único enemigo que tiene es un viejo gavilán pollero que ronda por los cielos esperando su descuido para arrebatarle, con sus garras filosas, uno de los 50 pollos que cría en su parcela en el corregimiento de Salaminita, en el área rural de Pivijay, Magdalena.
En una mañana diáfana y calurosa, típicas de la sabana, el experimentado agricultor se sienta en una destartalada silla plástica en frente de su casa y dice que retornó a Salaminita hace tres años para sentirse tranquilo. 'Es que cuando uno está acostumbrado el campo, andar en la ciudad nos da muy duro'. Asegura que allí está mejor, aunque no cuente con agua potable, gas propano o una red de alcantarillado.
Desolador es el panorama en el que viven unas 19 familias en Salaminita, ese pueblo que el 7 de junio de 1999 fue víctima de una incursión paramilitar al mando de alias ‘Esteban’, quien ordenó los asesinatos de la inspectora del pueblo María del Rosario Hernández, de Óscar Barrios y Carlos Cantillo. La masacre provocó el desplazamiento de 44 familias y tiempo después los mismos ‘paras’ destruyeron las casas con un buldócer y borraron los cimientos del mapa.
A pesar de que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó el 16 de diciembre de 2016 la reconstrucción total del pueblo, con su puesto de salud, escuela y viviendas con sus servicios públicos domiciliarios, tres años después todo quedó en papel y en los registros noticiosos del fallo histórico.
EL HERALDO recorrió los rincones de Salaminita en compañía de algunos de sus pobladores y obtuvo una radiografía del lugar. A pesar de todas las adversidades que pasaron, primero a manos del conflicto armado y ahora por el olvido del Estado, es un pueblo que mantiene intacta su unión como una sola familia, las sonrisas y la esperanza de que algún día todo mejore.
