Según el más reciente estudio realizado por la Contraloría del Magdalena, se concluyó que la transparencia institucional se encuentra en un 25,92 % y no atraviesa por un buen momento. De acuerdo a los resultados, diez son las alcaldías que presentan un promedio catastrófico durante los primeros meses del año 2020.
La entidad de control evaluó 19 elementos enmarcados en la Resolución 3564 del 2015, también las buenas prácticas en la Administración Pública y el control social. Además, realizó un seguimiento preliminar en el mes de abril del 2020 sobre el cumplimiento del mismo.
Para el estudio se tuvo en cuenta la publicación de la información sobre el presupuesto, contratación, planeación, control interno, trámites y servicios e instrumentos de gestión de la información.
Esas alcaldías y entidades con el promedio catastrófico son:
1- Santa Ana 15,80 %
2- Zona Bananera 15,80 %
3- Puebloviejo 13,20 %
4- Infotep Ciénaga 13,20 %
5- Salamina 10,50 %
6-Sitionuevo 10,50 %
7- Pijiño del Carmen 7,90 %
8- Sabanas de San Ángel 7,90 %
9- San Zenón 7,90 %
10- Zapayán 7,90 %
11- Remolino 7,90 %
Mientras que otras ocho fueron catalogadas con transparencia básica:
1- Cerro San Antonio 28,90 %
2- Chibolo 28,90 %
3- Guamal 28,90 %
4- Santa Bárbara de Pinto 23,70 %
5- Tenerife 23,70 %
6- El Retén 23,70 %
7- Pivijay 23,70 %
8- Pedraza 23,70 %
Diez más fueron evaluadas con transparencia en progreso:
1- Ciénaga 36,80 %
2- Fundación 36,80 %
3- Aracataca 34,20 %
4- Ariguaní 34,20 %
5- El Piñón 34,20 %
6- Plato 34,20 %
7- Algarrobo 31,60 %
8- Concordia 31,60 %
9- Nueva Granada 31,60 %
10- San Sebastián de Buenavista 31,60 %
En la denominación transparencia intermedio se encuentran:
1- Aguas del Magdalena 50 %
2- Gobernación del Magdalena 40,10 %
Y en el escalón de transparencia aceptable:
1- Universidad del Magdalena 65,8 %
2- Alcaldía de El Banco 55,30 %
Esta información fue enviada a través de una circular a las diferentes entidades del departamento, la cual es de carácter persuasivo en aras de promover el cumplimiento de los deberes y responsabilidades que el ordenamiento jurídico exige y de contribuir al mejoramiento de la capacidad institucional de las entidades públicas del Magdalena.
