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El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo consideró que de la forma como la Fiscalía presentó el informe sobre la extinción de dominio de varios bienes de su propiedad, 'es de mala fe' y dejó entrever que esta decisión tiene un matiz político.

El mandatario seccional aclaró que el comunicado del ente acusador pareciera dar a entender que todos los bienes en extinción fueran suyos, sin embargo, 'la realidad es que solo son 3'.

Anotó que, además, 'no fueron adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición y construcción de los centros de salud, como señala la Fiscalía, sino con 'esfuerzo y trabajo'.

Dijo que estas propiedades están en Santa Marta y precisó que no posee ninguna en Barranquilla y que dos fueron adquiridas antes de ser alcalde.

'Con esta información, sin mucho soporte judicial, 'buscan producir un linchamiento moral'.

Carlos Caicedo comentó que con todo esto 'pareciera que están anticipando la campaña electoral del 2022'.

'Yo duermo tranquilo porque sé de dónde viene lo que tengo... nos cobran porque pensamos diferente', puntualizó.

Los bienes

Ivan Cancino, apoderado judicial del mandatario explicó que los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70 metros cuadrados ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999.

El segundo, es un apto comprado sobre plano en el año 2003 de 80 metros cuadrados y este posee dos depósitos 2x2 y su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles.

El tercero, es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes.

'Los demás bienes relacionados en el comunicado de prensa son de propiedad de los demás procesados', anotó.

Recalcó que que 'los bienes del gobernador fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena'.

'No se entiende cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud', enfatizó.

Contrasentido: Cancino

Iván Cancino, quien también es abogado del exalcalde Rafael Martínez, vinculado en el proceso, dijo que lo que la Fiscalía cometió fue un 'contrasentido' pues señala que 'la imputación es peculado en favor a tercero'.

'No le hacen imputación de quedarse con algún dinero, luego mal puede decirse que los bienes presuntamente se compraron con dinero fruto de los centros de salud cuando no se les está imputando un peculado a favor propio', precisó.

El jurista manifestó que llegará a instancias internacionales con este caso pues se trataría de una irregularidad cometida por la Fiscalía General de la Nación.

'Señor Fiscal está mal informado y cuando reciba nuestro escrito va a recapacitar sobre esta situación', anotó.

Agrega que 'una vez demostremos que nuestros clientes son inocentes y que estos bienes fueron adquiridos con el fruto de su trabajo y esfuerzo vamos a repetir contra los funcionarios que causaron este grave perjuicio'.

Añadió que demostrará que los bienes, que son pocos, 'fueron adquiridos con trabajo y con créditos hipotecarios que han sido cancelados poco a poco a través de sus ingresos lícitos'.