La Contraloría General de la República archivó un proceso fiscal contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, al no hallar pruebas que lo incriminen en irregularidades en la compra de mercados solidarios en el marco de la pandemia.
La decisión, plasmada en un documento con 60 folios, favorece también a Rafael Lavalle, Jefe de Oficina de Programas de Alimentación de la Gobernación, Rita Hernández de Herrera, profesional del área presupuestal y Jenny Camacho Neuto, jefe de contratación de la administración.
Igualmente como tercero civilmente responsable a La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
De acuerdo con el acto resolutivo suscrito por el contralor delegado intersectorial número 4 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Germán Marín Zafra, 'los hechos analizados no son constitutivos de detrimento patrimonial', por tanto ordenó el archivo del proceso ordinario del responsabilidad fiscal
El caso investigado se relacionó con el contrato 0210 de 2020 celebrado entre la Gobernación y la empresa Makro, cuyo acto administrativo tenía por objeto la adquisición de mercados con alimentos y productos de aseo de la canasta familiar, para las familias en situación de vulnerabilidad del departamento en el marco de la pandemia.
Esta iniciativa, liderada por el gobernador del Magdalena, se hizo para salvaguardar la calidad de vida de la población durante la emergencia sanitaria, tras suministrar más de 100 mil mercados solidarios de 86 kilos, que constaban de 28 productos entre alimentos no perecederos, aseo personal y limpieza del hogar.
En su defensa la administración departamental argumentó que el contrato motivo de la investigación, se suscribió en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta.
Además, esta declaratoria surgió con el propósito de que los habitantes del Magdalena permanecieran en sus hogares debido a las medias decretadas por el Gobierno nacional y Departamental, dentro de las cuales estuvo el aislamiento preventivo obligatorio, lo que afectaba de manera directa a la población más pobre y vulnerable.
Advierte la Contraloría que, 'si con posterioridad a la decisión aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de sustento para el archivo, se ordenará la reapertura de la acción fiscal'.
