El pasado miércoles 8 de enero fue asesinado Iván Darío García González, pastor de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer, en momentos en que salía de su congregación en el corregimiento de Río Frío, municipio de Zona Bananera, Magdalena.
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García González fue atacado a bala por un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta. En el ataque sicarial resultó herida una mujer que caminaba junto al pastor tras salir del templo religioso.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación condenó “de manera enérgica” el homicidio del pastor Iván Darío García González y pidió a las autoridades medidas de protección para los líderes religiosos del país.
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“Este hecho se suma al horrendo asesinato de otros líderes religiosos, incluyendo al pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yorley Rincón y sus dos hijos, perpetrado el pasado 29 de diciembre de 2024 en Aguachica, Cesar. Con este crimen, son tres pastores asesinados en tan solo 11 días”, indicó el ente.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que este hecho atenta gravemente contra los derechos a la vida, la libertad religiosa de culto y la paz social en los territorios.
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“Este pastor es una de las muchas víctimas que enfrentan riesgos asociados al ejercicio de liderazgos religiosos, un sector que desempeña un papel fundamental en la cohesión social y la construcción de valores”, sostuvo.
Ante los recientes crímenes, el Ministerio Público afirmó que adelanta actuaciones que incluyen requerimientos al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), instando a identificar a los liderazgos religiosos como una población en situación de riesgo y evaluar su inclusión como sujetos diferenciados en el Programa Nacional de Protección.
También solicitó información sobre las medidas implementadas para garantizar su seguridad, así como la articulación interinstitucional necesaria para prevenir estos hechos.
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Por último, la Procuraduría hizo un llamado urgente a las autoridades competentes “para que fortalezcan las acciones de protección y prevención frente a los riesgos que enfrentan los liderazgos religiosos en el país”. Así mismo, exhortó a las instituciones del nivel nacional, departamental y municipal, a “trabajar de manera articulada para garantizar entornos seguros y respetuosos para todos los líderes sociales y religiosos, e implementar las medidas necesarias para evitar la repetición de estos actos violentos”.
