El Juzgado 4 Penal del Circuito de Santa Marta emitirá una sentencia condenatoria contra tres integrantes de la banda Los Neutrales, luego de que las investigaciones demostraran su participación en delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir. El proceso se llevó a cabo con la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la empresa Air-e Intervenida.
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Las indagaciones permitieron establecer que los condenados realizaban manipulaciones ilegales en equipos de medición, instalaban transformadores de manera fraudulenta y ejecutaban otras prácticas fuera de la ley.
Las evidencias recopiladas, incluidas interceptaciones telefónicas, revelaron la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a promover y ejecutar adulteraciones en la red eléctrica. En estas conversaciones se identificaron también a clientes que se beneficiaban de estas actividades.
Como parte del proceso, se llevaron a cabo allanamientos en cinco residencias ubicadas en barrios como Ciudadela 29 de Julio, Parques de Bolívar, Villa Bella y El Pando. Durante estas operaciones, las autoridades lograron la captura de los implicados y recabaron material probatorio que permitió fortalecer el caso en su contra.
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Los procesados Luis Alfredo Polo Cadena, Jhon Jairo Fernández Rodríguez y Dámaso Guerrero Acosta aceptaron los cargos y se exponen a penas de hasta seis años de prisión. Adicionalmente, siete clientes que contrataron los servicios de la banda reconocieron su vinculación con los hechos y realizaron conciliaciones para evitar acciones legales en su contra.
Las autoridades y la empresa Air-e destacan que este fallo representa un paso importante en la lucha contra la defraudación de fluidos y el hurto de energía.
Según Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e Intervenida, las sanciones para quienes incurren en estos delitos pueden alcanzar hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes en multas, y las penas aumentan cuando se configura el concierto para delinquir.
Actualmente, la Fiscalía y Air-e Intervenida adelantan cerca de 600 investigaciones penales relacionadas con casos similares, con el objetivo de reducir el impacto de estas prácticas en la prestación del servicio de energía y en la economía del sector.
