El alcalde de Santa marta, Carlos Caicedo Omar, interpuso una acción popular ante las autoridades judiciales del Magdalena para que se termine anticipadamente el contrato de arrendamiento suscrito en noviembre de 1989 entre el Distrito y la empresa Metroagua S.A. E.S.P., para la operación del sistema de acueducto y alcantarillado.
La demanda versa sobre la presunta ilegalidad derivada del contrato, pues, de acuerdo con las normas vigentes, para 1989, la administración no podía contratar directamente con la empresa el arrendamiento de toda la infraestructura del acueducto sino que debía tramitar una licitación pública para suscribir una concesión de servicios públicos.
Caicedo explicó que 'adicionalmente, la duración del arrendamiento, según decreto ley 222 de 1983, no podía tener un plazo superior a cinco años, no obstante mediante otros sí que se les hicieron al contrato, fue prorrogado por gobiernos anteriores'. En estas circunstancias ya lleva más de 26 años de vigencia.
Señala el mandatario en la acción popular, que también las anteriores administraciones locales, renunciaron a percibir cánones de arrendamiento de tales bienes y que peor aún, 'pactaron que todas las inversiones que hiciera Metroagua en la infraestructura del servicio, eran de su propiedad y debían ser pagadas por la Alcaldía de Santa Marta a pesar que la mayor parte se ha hecho con recursos públicos'.
