Santa Marta. La Alcaldía de Santa Marta busca judicialmente reclamar los perjuicios económicos que le ocasionó el fallo de tutela del magistrado Jorge Pretelt, a favor de la firma R&T, que le impidió a la ciudad recuperar en el 2012 la soberanía tributaria, la cual sólo pudo hacerse efectiva a partir del mes de mayo de 2015.
El mandatario informó que inició las actuaciones pertinentes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante la Fiscalía General para establecer si en tales dependencias cursan indagaciones en contra del magistrado Jorge Pretelt y al exmagistrado Rodrigo Escobar, respectivamente, por cuenta de la referida sentencia.
'Esta administración está comprometida con la defensa de lo público y con el firme compromiso de salvaguardar la transparencia y la probidad en el manejo de los dineros públicos', dijo Caicedo. La Alcaldía inició en el 2012 actuación administrativa tendiente a terminar anticipadamente por razones de ilegalidad el contrato 092 de 2002, frente a lo cual, la firma R&T, contrató los servicios profesionales de Escobar Gil, quien interpuso tutela en contra la entidad. Más tarde, la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional y le correspondió por reparto al magistrado Pretelt. La tutela 1082 de 12 de diciembre de 2012 señaló que el Distrito no podía terminar unilateralmente el referido contrato y que ineludiblemente debía acudirse ante la justicia administrativa.
La entidad radicó solicitud de nulidad que solo se resolvió en mayo de 2014 y finalmente, 5 meses más tarde, se profirió la Sentencia SU772 de 14 de octubre de 2014, con ponencia del magistrado Pretelt, que dejó sin efectos la tutela del 2012 y le dio la razón a la administración en el sentido que sí se podía terminar unilateralmente el contrato 092 de 2002.
Para Caicedo, entre de 2013 y octubre de 2014, la administración se vio obligada a pagarle a la empresa Recaudos y Tributos, R&T, una suma aproximada a los $20 mil millones, lo que causó afectación a las finanzas por cuenta de la sentencia inicial del magistrado Pretelt derivada de la tutela interpuesta por el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil.
El nombre del magistrado Jorge Pretelt y el de Rodrigo Escobar Gil, asomaron en la palestra pública por el sonado caso de un supuesto soborno de 500 millones de pesos que, según el abogado Víctor Pacheco, le habría pedido el primero de los mencionados para influenciar la decisión frente a una tutela que interpuso la empresa fiduciaria en liquidación Fidupetrol, para no tener que pagar $22.500 millones a la Gobernación del Casanare, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.
