Al 31 de octubre del presente año, la Misión de Observación Electoral - MOE - registró 96 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales. El tipo de liderazgo más afectado es el social, que concentró el 63.5% de las agresiones (61 hechos), seguido del político con el 29% (28 hechos) y del comunal con el 17% (7 hechos).
De acuerdo con el 'Informe sobre la violencia contra las mujeres que ejercen liderazgos políticos, sociales y comunales', desde el 2017 hasta lo corrido del 2020 se viene presentando un crecimiento constante del número de afectaciones en contra de los roles de liderazgo ejercidos por mujeres.
En particular, el incremento de hechos contra lideresas comparado con el mismo periodo de 2018 es alarmante, ya que se registra un aumento del 57%, confirmándose así la tendencia creciente de violentar a las mujeres que ejercen roles de liderazgo y representación.
De otra parte, llama la atención que 13 de los 27 hechos letales de los que fueron víctimas las lideresas, que representan el 48% de ellos, ocurrieron en territorios PDET. De acuerdo con Alejandra Barrios, Directora de la MOE, 'en estas regiones, los asesinatos y atentados se concentraron en las lideresas sociales, que representan proyectos o causas que son contrarias a los intereses de quienes pretenden controlar estos territorios, ante la falta de presencia estatal'.
'El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo es la amenaza, con un total de 68 hechos. Las amenazas frente a las lideresas tienen una característica particular, pues quien las realiza recurre a estereotipos y simbolismos de género que extienden el impacto a sus familiares y allegados, afectando así la integridad psicológica de quienes las rodean, convirtiéndose de esta manera en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios', explica la MOE
La organización señala que es preocupante que 'los patrones de violencia se estén modificando hacia la letalidad de los hechos en contra de las lideresas sociales, quienes fueron víctimas del 81% de los asesinatos y atentados contra la totalidad de las lideresas, registrados en este periodo (22 de los 27 hechos)'.
En cuanto al componente étnico de la violencia contra las lideresas, se registraron un total de 17 hechos que se concentran especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca y la Guajira. De las 15 acciones violentas registradas contra lideresas indígenas, 7 fueron letales. En lo concerniente a las lideresas afro, se registraron 2 hechos de violencia, un atentado y una amenaza.
Ante los hechos, la MOE reitera las recomendaciones contenidas en el Informe de Violencia contra Líderes Políticos, Sociales y Comunales correspondiente al primer semestre de este año, para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales y demás autoridades involucradas establezcan estrategias integrales de protección colectiva que tomen en consideración las condiciones y contextos específicos en los que se encuentran las lideresas, y propongan la adopción de políticas diferenciales, con un enfoque interseccional.
De otra parte, el Informe da cuenta de una investigación cualitativa que ha venido adelantando la MOE, misma que busca documentar y ampliar la comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres en política, a fin de visibilizar y reconocer otras formas de violencia, como lo son la psicológica, la simbólica/cultural y la económica, entre otras, que se explican bajo las discriminaciones en razón de género.
Al respecto, Barrios enfatizó que 'de la investigación adelantada se desprende una paradoja frente a la violencia contra las mujeres en política, ya que si bien las lideresas políticas entrevistadas reconocen que se requiere incrementar la participación de las mujeres en los espacios políticos para eliminar las distintas formas de discriminación, quienes ya han participado en esos ámbitos no quisieran hacerlo nuevamente, precisamente por la violencia de la que fueron objeto'.
Desafortunadamente este tipo de violencia de género es recurrente, pero está altamente normalizada por las dinámicas de funcionamiento de la política tradicional en la que se privilegia la representación masculina.
Ángela Rodríguez, directora para América del Sur del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria – NIMD instó a los directores de las colectividades políticas a ofrecer a las mujeres de sus organizaciones instancias seguras para denunciar la violencia ejercida por sus copartidarios, así como castigos efectivos para quienes la ejerzan pues 'actúan como una barrera determinante para limitar el acceso y permanencia de las mujeres en el ejercicio político'.
