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Cathy Barriga, la exalcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú, en Chile, ha generado un gran escándalo por abrirse una cuenta para contenido para adultos en ‘Onfayer’, mientras se encuentra en arresto domiciliario.

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La mujer que también fue modelo, bailarina, estrella de televisión y hasta psicóloga, está acusada de malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones.

Pero, no se quedó atrás y a pesar que está en detención domiciliaria no perdió tiempo e inició su “emprendimiento”, en el que señala que ganó según ella, $7 millones (USD 7,500) en un día.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, dijo en su cuenta oficial de Instagram.

El gerente de Onfayer indicó en una entrevista con el Canal 13, que la mujer que “en solo un día ya lleva más de $7 millones, solo eso puedo decir”.

Además, sostuvo que Cathy “no está condenada, no es ni inocente ni culpable, puede seguir trabajando desde su casa”.

También afirmó que la mujer cuenta con todo el apoyo de su familia, de su esposo y de sus hijos. “A ella siempre le ha gustado la comunicación, las redes sociales, ella hacía videos en Instagram y cuando lo hablamos con ella y se lo propusimos, ella dijo, ¿por qué no? Es mejor monetizarlo que regalarlo”.

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Pero no es la primera política en arresto domiciliario que incursiona en estas plataformas, pues Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción, en la región del Bío Bío, que es investigada por su participación en la llamada arista “Lencería” del Caso Convenios, tiene “OnlyFans”.

Polizzi ha ganado $15 millones (unos USD 15.500) en solo 10 días. Por eso, la diputada del partido Demócratas, Joanna Pérez, anunció la presentación de un proyecto de ley que impida que las personas sujetas a la medida cautelar de arresto domiciliario puedan ganar dinero a través de sus redes sociales.

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“Si hemos defendido que en las cárceles y en los centros penitenciarios no pueda haber señal telefónica, internet y otros, es casi irrisorio que tengamos personas que están hoy día en sus domicilios generando distintas actividades económicas, que pudieran afectar alguna investigación”, dijo la diputada.