En la madrugada del pasado domingo 1 de diciembre se registró una masacre en una vivienda de alquiler, ubicada en El Guabo, provincia El Oro, zona costera ecuatoriana. Entre los fallecidos las autoridades identificaron a nueve colombianos.
Según las investigaciones preliminares ninguna de las diez víctimas tenía antecedentes penales. Las Unidades de Inteligencia de la Policía del Ecuador continúan con las averiguaciones para dar con los responsables de esta masacre.
Asimismo, las autoridades señalaron que este hecho de sangre puede estar vinculado a la disputa entre bandas criminales, que operan en esta provincia de Ecuador. El décimo fallecido es de nacionalidad ecuatoriana, identificado como Marco Antonio Isves Niemes, de 21 años.
Los colombianos asesinados fueron identificados como: Yostin Riascos Romero, Luis Fernando Alpala Alpala, Luis Guillermo Banquet Rivero, Alexander Arroyo, Samuel Antonio Cárdenas Cortés, Nepomuceano Ramos Madronero, Alejandro Saiz Poveda, José Miguel Araujo Buila y Diego David Benavides Cifuentes.
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Las autoridades encontraron los cuerpos al interior y exterior de la vivienda, también a un kilómetro del inmueble fue encontrado otro cuerpo descuartizado, esta persona, presuntamente, había salido huyendo de la vivienda cuando llegaron los hombres armados, en vehículos, a atacarlos, pero fue alcanzado más adelante.
Asimismo, la Policía de El Oro recolectó 45 casquillos de bala de diferentes calibres, entre ellos de pistola y fusil.
Junto a estos elementos, la Policía encontró unos panfletos con amenazas directas a los vinculados a grupos rivales, los mensajes eran intimidatorios y hacían alusión a un ajuste de cuentas entre grupos criminales.
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A pesar que las investigaciones preliminares arrojaron que los colombianos asesinados no tenían antecedentes, las autoridades ecuatorianas investigan qué hacían los nueve colombianos en esa vivienda rural de El Oro, ya que días antes habían alquilado otra vivienda en un sector llamado La Victoria.
Este grave incidente se dio justo en un contexto de estado de excepción, decretado por el presidente Daniel Noboa, para intentar contener la creciente ola de violencia en el país.