En el transcurso de este viernes se reunirá el enviado especial del presidente Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell, con Nicolás Maduro en Caracas, según CNN.
De acuerdo con la cadena de televisión, el tema central del encuentro será el de las deportaciones de venezolanos que están indocumentados en Estados Unidos y que no se han podido realizar debido a la ruptura diplomática de ambos países.
Sobre el encuentro, Mauricio Claver-Carone, encargado del Departamento de Estado de EE.UU. para América Latina, aseguró que “no hay otra región en el mundo y el Hemisferio Occidental que afecte más las vidas de los estadounidenses que Venezuela”.
Y por eso afirmó que “esa misión es especial, Estados Unidos y Trump espera que Maduro reciba todos los venezolanos criminales y miembros de grupos ilegales que han llegado a EE. UU. y que haga esto sin ninguna condición, y eso no es negociable. También, solicitaremos que los secuestrados estadounidenses en Venzuela deben ser liberados inmediatamente”.
Sobre la visita, el congresista republicano Rick Scott dijo este viernes en las redes sociales que espera que el enviado de Trump para misiones especiales exija el regreso de los estadounidenses “secuestrados” en ese país.
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También señaló que espera que el Gobierno de Maduro “recupere a los matones y pandilleros en nuestro país”.
Esto se da luego de una fuerte tensión global por cuenta de las duras medidas que ha impuesto Trump en contra de los migrantes en situación irregular. La ONG de Venezuela Provea aseguró este viernes que deportar a venezolanos en situación de vulnerabilidad o “persecución” es contradictorio a la “lucha por la democracia y contra el autoritarismo”, luego de que el Gobierno de Donald Trump revocara la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta octubre de 2026.
“Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, para que el Estado de derecho y las condiciones de vida mejoren en el país”, señaló la organización en una publicación en X.
Agregó que los países tienen derecho a controlar sus fronteras y fijar políticas migratorias, “pero deben garantizar que estas políticas respeten los derechos humanos y los principios internacionales de protección”.
Provea dijo que revocar la extensión del TPS puede dejar en riesgo a “miles” de personas de “indocumentación” y deportación, lo que supone “exponerlas a persecución, violencia o condiciones inhumanas”.
