Más de 20 millones de personas en América Latina han sido forzadas a desplazarse debido a la crisis de derechos humanos en la región, según cifras de Naciones Unidas. En medio de este contexto, 16 organizaciones de la sociedad civil, conformadas por migrantes y refugiados, han solicitado este martes a la comunidad internacional respuestas inmediatas ante los desafíos humanitarios y políticos que enfrenta la población desplazada.
Por medio de un comunicado, estas organizaciones, con presencia en Colombia, Chile, México, Ecuador y República Dominicana, hicieron pública su denuncia respecto a las condiciones de inseguridad, la falta de oportunidades y la crisis política que en varios países han intensificado la migración forzada.
De acuerdo con estas instituciones, la situación en Venezuela es particularmente grave, con cerca de 8 millones de personas que han salido del país en los últimos años.
Las organizaciones han advertido sobre los riesgos que enfrentan las personas en movilidad, especialmente en rutas como la selva del Darién, donde muchas se exponen a redes de trata y explotación.
Además, también han señalado el impacto de medidas restrictivas adoptadas por algunos gobiernos, incluyendo la militarización de fronteras y la suspensión de programas de asistencia humanitaria.
“En lugar de abordar las causas estructurales del desplazamiento, algunos países han recurrido a medidas como la militarización de fronteras, la criminalización de la migración irregular y las deportaciones masivas. Estas estrategias no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también alimentan economías ilícitas que se lucran del tráfico de migrantes, con ingresos estimados en más de 820 millones de dólares anuales para redes criminales”, precisaron las entidades.
Una de las preocupaciones expresadas en el documento es la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la ayuda humanitaria durante 90 días. Según las organizaciones, esta medida afecta la continuidad de proyectos que brindan apoyo a migrantes y refugiados, lo que compromete su acceso a recursos esenciales.
Ante esta situación, han instado a los gobiernos de la región a adoptar políticas migratorias basadas en el respeto a los derechos humanos y a fortalecer los mecanismos de regularización. Además, también han pedido a la comunidad internacional garantizar financiamiento para programas de asistencia y acompañar el proceso de transición democrática en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
