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Estados Unidos ha tomado la decisión de revocar la licencia que permitía a la empresa Chevron exportar petróleo de Venezuela, obligando a la compañía a desmontar sus operaciones en un plazo de 30 días, es decir, hasta el 3 de abril, con una medida que se enmarca en un cambio significativo en la política energética estadounidense hacia el país sudamericano, que solía aportar aproximadamente 400 millones de dólares mensuales a la economía de Chevron.

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La licencia revocada, la General 41, fue reemplazada por la 41A, que autoriza únicamente las transacciones necesarias para liquidar operaciones previamente permitidas. Según la nueva normativa, no se permitirá el pago de impuestos o regalías al gobierno de Venezuela, ni la venta de petróleo o productos derivados de las empresas conjuntas de Chevron a jurisdicciones fuera de EE.UU. Además, cualquier transacción que involucre a entidades vinculadas a Rusia queda prohibida.

La decisión de revocar la licencia de Chevron llega después de que el presidente Donald Trump anunciara la medida el 26 de febrero, argumentando que se revertían concesiones otorgadas por la administración de Joe Biden al régimen de Maduro. Trump ha insinuado que la revocatoria podría ser una herramienta de presión para forzar una negociación, posiblemente relacionada con temas como la migración y los precios del petróleo.

Analistas como Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Las Américas de Ecuador, sugirieron en entrevista con el diario El Tiempo que este cambio podría abrir un compás de seis meses para un eventual diálogo entre ambas partes, aunque el enfoque principal parece estar en los aspectos políticos y democráticos que la oposición venezolana desea abordar. No obstante, la incertidumbre persiste sobre si en este breve plazo se logrará algún acuerdo sustancial.

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Mientras tanto, Maduro ha mantenido un perfil bajo respecto a la revocatoria de la licencia, afirmando que no se deja chantajear. En este contexto, la presión política detrás de la decisión de Trump incluye a varios congresistas republicanos de origen cubano, quienes, según reportes, habrían amenazado con bloquear el presupuesto nacional si no se tomaba acción contra Chevron.

Por ahora, EE.UU. no ha modificado las licencias que permiten a otras empresas, como Repsol y ENI, seguir operando en Venezuela.