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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró 'procedente' solicitar a Estados Unidos la extradición del militar venezolano en retiro Clíver Alcalá Cordones, el hombre que en marzo se entregó en Barranquilla a la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, luego de que Washington ofreciera 10 millones de dólares por pistas que permitieran su captura por supuestos nexos con narcotráfico.

Pero la decisión de Alcalá, según varios analistas, no fue precisamente por las investigaciones que EE.UU. le seguía, sino por un hecho ocurrido en marzo luego de que la Policía decomisó un arsenal en la vía Barranquilla—Santa Marta y que estaría destinado para llevar a cabo un operativo contra Nicolás Maduro.

EL HERALDO conoció el expediente que TSJ elaboró para pedir la extradición de Alcalá a Estados Unidos el pasado 4 de noviembre, y en el que detalla los supuestos nexos que el exmilitar venezolano tenía con la cúpula de la oposición en el vecino país y para, supuestamente, derrocar y asesinar a Maduro.

El documento señala que Cliver Antonio Alcalá Cordones es requerido por las autoridades venezolanas por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la república, traición a la patria y tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación para delinquir.

'La Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tiene información sobre la existencia de una organización de venezolanos, así como civiles que operan desde la República de Colombia y en el territorio nacional, dedicados a captar y reclutar a terceras personas, ubicándose en campamentos habilitados en Colombia', manifiesta el expediente.

Lo que hacen

Según las autoridades venezolanas, estas personas 'son entrenadas' para realizar operaciones militares, fabricación de artefactos explosivos, detonadores eléctricos, manejo de armas de fuego, de guerra y ejecución de sicariatos a personalidades políticas.

De esa organización, según las autoridades, se desprendió la autodenominada ‘Operación Fuerza y Libertad’, que a su vez comprende la planificación y ejecución de actos terroristas.

En este sentido, señala el expediente, se desprende la existencia de tres campamentos conformados por 200 personas aproximadamente, en Maicao, Riohacha y en la Sierra Nevada de Santa Marta, este último dirigido por Alcalá Cordones, quien era conocido en la presunta trama criminal como ‘Cesar’.

'Funcionarios de la DGCIM pudieron conocer que sus miembros (de Alcalá) continúan desplegando acciones sistemáticas en contra de la Seguridad Nacional y la paz política y social de la República Bolivariana de Venezuela, mediante un plan de captación y reclutamiento de efectivos militares, para su posterior adiestramiento', señala el expediente.

Unos nexos

Las indagaciones, detalla el documento, exponen que se obtuvo información del primer teniente (r) Rubén Darío Fernández Figuera, alias El Búho, quien fue contactado con la finalidad de asistir, a principios de marzo de 2020, a una reunión en el país.

El teniente, dice el escrito, 'se trasladó por vías de acceso clandestino' (trochas) desde el estado Zulia hasta Colombia, donde fue recibido por el capitán (r) Robert Colina, alias Pantera, a quien se le encarga la misión revelar todo lo que sabe del Palacio de Miraflores y de la sede principal de la DGCIM, Sebín y Faes.

Sobre las armas incautadas, el documento indica que se capturó a Alberto Molinares Duque –quien en audiencias preliminares– le dijo a la Policía que una mujer, a la que identifica como Yacsy Álvarez, alias Alex, le entregó el arsenal y le contó que tenía que llevarlo a Riohacha, a una persona conocida bajo el alias de Pantera. Alex sería una doble agente del régimen de Nicolás Maduro en la Operación Gedeón e intérprete de Clíver Alcalá para las coordinaciones de compra de armamento.

Por todos esos detalles, la justicia venezolana asegura que Alcalá deberá ser llevado a Caracas, con el fin de ser juzgado por sus jueces naturales. 'El delito que motiva la presente solicitud de extradición no constituye en modo alguno un delito de tipo político'.