La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso ayer una acción legal en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, un día después de que la justicia facultó al ejecutivo a realizarla sin referendo.
'He solicitado a la Sala Constitucional aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos porque esta sentencia es un retroceso' en esa materia, declaró Ortega a la prensa, en la escalinata de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras entregar el documento.
Ortega recordó que un referendo validó el llamado del entonces presidente Hugo Chávez a la Constituyente de 1999, que redactó la actual Carta Magna, pero en el proceso convocado por Maduro –dijo– la 'participación popular ha sido reducida a su mínima expresión'.
La fiscal, de orígenes chavistas y quien en los últimos días ha recibido duros ataques de dirigentes del gobierno que la tildan de 'traidora', cuestionó que haya sido el presidente quien directamente convocó la Asamblea Nacional Constituyente.
'Igualmente hemos solicitado la aclaratoria de si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica (...) de la letra de la sentencia parece se elimina', agregó la funcionaria.
Ortega señaló que, según la ley, el presidente puede tener la iniciativa de llamar a una Asamblea Constituyente, pero es 'al pueblo' al que le corresponde convocar.
