El macabro asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta fue un crimen que, desde que se conoció, generó gran conmoción a nivel internacional, no solo por la forma en la cual fue hallado su cuerpo -metido en bolsas y esparcido por diferentes localidades de la isla de Koh Samui, en Tailandia-, sino también por la identidad de su asesino confeso, Daniel Sancho Bronchalo, un joven español con quien la víctima, presuntamente, mantenía una relación sentimental, y quien resulta ser hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho Aguirre.
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Ahora bien, con el pasar de los meses, luego de que la investigación de las autoridades tailandesas ha dado sus frutos y el tribunal encargado de juzgar a Sancho por asesinato premeditado ha tomado una determinación, es otro aspecto relacionado con el caso lo que llama la atención de la comunidad internacional.
Aunque la expectativa inicial que mantenían las personas era con respecto a cuál es el futuro que le espera al español, y que se revelará el próximo 29 de agosto, luego de que una instancia superior termine de revisar la sentencia de la Corte; ahora lo que ha generado controversia han sido las posibles implicaciones económicas que la condena de Daniel Sancho podría representar para el Gobierno de España.
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Sancho, actualmente en prisión preventiva, enfrenta graves cargos que podrían resultar en penas severas, incluida la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo del fallo judicial. Aunque la defensa argumenta que la muerte de Arrieta fue un accidente tras un forcejeo, la Fiscalía sostiene que se trató de un asesinato premeditado. La defensa, encabezada por el equipo legal contratado por Rodolfo Sancho, ha expresado su optimismo, aunque su estrategia se ha centrado en evitar las penas más extremas, buscando que Sancho pueda regresar a España en un plazo de dos años.
Independientemente del desenlace del juicio, el hecho de que Sancho se encuentre en una prisión fuera de España podría activar una obligación legal del Gobierno español: la provisión de una ayuda económica mensual a ciudadanos españoles encarcelados en el extranjero bajo condiciones inferiores a las de los centros penitenciarios en España. Esta ayuda, que asciende a 150 euros mensuales, es otorgada en casos donde la familia del recluso no puede proporcionar dicho apoyo económico.
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Esta obligación del Estado español de asistir a sus ciudadanos encarcelados en el extranjero incluye no solo la ayuda económica, sino también la intervención del personal de embajadas y consulados desde el momento de la detención.
Es precisamente por esto que la sentencia de Daniel Sancho ha creado tanta polémica, pues de acuerdo con las leyes de su país, no solo lo estaría afectando directamente, sino que también podría generar una responsabilidad financiera para la administración pública española en los próximos años.
Aunque también es importante mencionar que Sancho Bronchalo, desde el momento en el cual fue recluído en una cárcel extranjera, está en derecho de reclamar dicha ayuda, hasta el momento se desconoce si la ha solicitado o no.
