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La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de convalidar los resultados del pasado 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador de la presidencia a Nicolás Maduro, se convirtió en la última palada de tierra para sepultar la agonizante democracia venezolana.

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Aunque a nadie sorprendió la absurda decisión del TSJ, dada su entrega total y absoluta a la voluntad de Maduro y sus secuaces, lo cierto es que la misma sirvió para desenmascarar a quienes decidieron –contra la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano– desafiar los principios de todo sistema democrático, empezando por el más elemental: la separación de poderes.

Con la decisión del TSJ quedó claro que en Venezuela la única voluntad que impera y opera es la de Maduro. Tanto el CNE, como el TSJ, decidieron –contra toda evidencia y sin aportar una sola prueba– que Maduro seguirá siendo presidente de Venezuela. Y las actas ¿dónde están? ¿Y el respeto la voluntad del pueblo soberano? ¿Y el repudio de los gobiernos demócratas del mundo al ahora dictador Maduro?

Nada de lo anterior importa al corrupto y autoritario régimen chavista. ¿Cuándo se había visto elegir un presidente sin que se conozcan las actas de votación? Es claro que ni al CNE, ni al TSJ les importan las actas electorales. Si les importaran ya habrían aparecido. Pero siguen sin aparecer, ni aparecerán, sencillamente porque no existen. Y no existen porque quién ganó las elecciones fue Edmundo González.

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Ahora González –el presidente legítimo de Venezuela, elegido el pasado 28 de julio– será objeto de una implacable persecución por orden del dictador Maduro a su fiscal de bolsillo Tarek William Saad, con el propósito de lograr su encarcelamiento. Lo mismo sucederá con María Corina Machado y todos aquellos que osen desafiar al dictador. Así envían un mensaje intimidante a quienes se atrevan a desafiar al sátrapa y sus aliados.

“Quien no acate la sentencia del TSJ está fuera del juego democrático”, declaró el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el otro poder público que tiene Maduro en sus bolsillos.

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El siguiente paso para consolidar el totalitarismo en Venezuela será la eliminación de todos los partidos políticos opositores al régimen. Quienes no piensen como ellos serán acusados de “fascistas” y “terroristas”, como Edmundo y María Corina. Por consiguiente serán objeto de persecución y encarcelamiento. En Venezuela habrá, entonces, por voluntad de Maduro y sus compinches, un partido único con plenos poderes, tal y como ocurre en Cuba y en otras dictaduras.

La Ley de Partidos Políticos, vigente desde 1964 y que ha sido ajustada a la medida del régimen chavista, dejará de existir muy pronto. “Al que no le guste –declaró Rodríguez– que conforme una guerrilla de extrema derecha, que se vuelva guerrillero”.

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Esa “guerrilla de extrema derecha”, en caso de que alguien considere semejante osadía, será repelida por las Fuerzas Militares, en cabeza de Vladimir Padrino, el mismo general alcahueta de los grupos guerrilleros colombianos de “extrema izquierda” que operan a sus anchas en el vecino país, como el Eln y la ‘Segunda Marquetalia’, entre otros.

De manera que –sin separación de poderes, sin oposición política, sin garantías electorales y bajo el control absoluto de todos los poderes por parte del régimen chavista– lo que quedó en evidencia con el fallo del TSJ es el desprecio de Maduro y compañía por los valores democráticos. El mundo y Colombia en particular deberán asumir la nueva realidad, que no es otra que la consolidación de un régimen violador de todos los derechos y autocrático en el vecino país. ¿Qué hacer?