La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el martes si la somete a juicio.
El TSJ no sólo evaluará si la enjuicia –algo que podría llevar a su destitución–, sino que, como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación –como exige la ley– en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado del oficialismo Pedro Carreño pidió a la STJ –acusado de servir al gobierno– que la enjuicie y destituya, alegando que 'mintió' al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental.
Hace tres meses, esta disciplinada y firme abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la 'ruptura del orden constitucional' por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el gobierno.
'Terrorismo de Estado'
Rubia y de ojos claros que cubre con gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares de Maduro.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como 'una persona con mucho temple, valiente y honesta'.
'Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber', comentó a la AFP.
Ortega aseguro el miércoles que el gobierno ha impuesto un 'terrorismo de Estado' a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y dejan 79 muertos.
Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Desde que denunció el quiebre constitucional, la grieta con el gobierno se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, pues considera que atenta contra la 'democracia participativa', y enjuiciar a magistrados. Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición.
